La Generalidad financia con dinero público un congreso islámico para jóvenes
Cataluña sufre una creciente islamización que cuenta con el beneplácito y la colaboración de la Generalidad
Cataluña sufre una creciente islamización que cuenta con el beneplácito y la colaboración de la Generalidad, cuyos gobiernos implantaron —y hoy mantienen— una estrategia de ingeniería social que prioriza la inmigración de origen musulmán.
En este contexto, el Ejecutivo de Peré Aragonés va a financiar con dinero público un congreso islámico en el que se tratará «la juventud, la religiosidad y la cuestión de la identidad», según el cartel difundido en las redes sociales. Está organizado por la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña y la Unión de Comunidades Islámicas de España.
Se celebrará del 22 al 24 de diciembre en el albergue Centre Esplai de El Prat de Llobregat (Barcelona) y cuenta con la colaboración de la Fundación Pluralismo y Convivencia, y la Comisión Islámica de España.
El secretario general de VOX y presidente del grupo parlamentario en el Parlament, Ignacio Garriga, ha señalado que «la islamización de Cataluña la pagan todos los catalanes». «No nos vamos a quedar de brazos cruzados», ha advertido en la red social X, antes Twitter, sobre el congreso.
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VOX reclama medidas para no convertir Cataluña en Francia o en Bélgica, países que cuentan con barrios en los que no impera la ley nacional y sí la ley islámica, y recuerda que el crecimiento de la inmigración musulmana ha llegado acompañada de un aumento de la delincuencia y de las operaciones contra el terrorismo islamista.
A principios del mes de noviembre, agentes de la Policía Nacional detuvieron en Tarrasa (Barcelona) a un individuo por difundir postulados yihadistas, y amenazas contra el colectivo judío y LGTBI a través de redes sociales, donde contaba con cerca de 400.000 seguidores. El arrestado en los días antes de la detención mostró su deseo de «pasar a la acción» y «aceleró la búsqueda de armas blancas y chalecos antibalas«.
El yihadista, un marroquí nacido en 1998, en situación ilegal y con antecedentes por delitos comunes, ensalzó el ataque perpetrado en Algeciras el pasado mes de enero que costó la vida al sacristán Diego Valencia.
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