Los incumplimientos del gobierno de Pedro Sánchez vuelven a traducirse en un nuevo bochorno internacional para España. La justicia británica ha autorizado la incautación de cuatro cuentas bancarias con un saldo total de más de 800.000 euros por los impagos del gobierno a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a los inversores en energías renovables.

A lo largo de los últimos años se han publicado 25 sentencias internacionales que condenan a nuestro país a indemnizar a estas compañías por valor de 1.200 millones.

Sin embargo, Pedro Sánchez se ha negado a cumplir estos laudos, situando a nuestro país a la altura de otras naciones incumplidoras como Rusia o Venezuela. Ante estos impagos del gobierno, las compañías e inversores afectados han tomado medidas legales para registrar los laudos ante los tribunales de países como Gran Bretaña o Estados Unidos.

Los más de 800.000 euros que han sido embargados a España (para ser precisos, la cantidad asciende a 699.057,49 libras esterlinas, que son 805.808 euros con el tipo de cambio actual de 1 GBP = 1,15 EUR) estaban depositados en cuatro cuentas bancarias del Instituto Cervantes de Londres.

Da la casualidad de que estas cuatro cuentas estaban depositadas en la filial de una entidad financiera española: a saber, en la operativa del Banco Santander en las islas. El caso para el que se autorizó la incautación de estos activos es el de Infrared, compañía a la que se deben 28 millones en concepto de indemnización y 9 millones por los intereses de demora y las condenas en costas.

La decisión que ahora ejecuta la justicia británica se autorizó en primavera, pero ha quedado materializada medio año después por los tiempos propios de este tipo de procedimientos, conocidos con el acrónimo TPDO (third party debt order), que alude al hecho de que se confiscan bienes de un tercero (Instituto Cervantes) para resarcir a un afectado (Infrared) por los impagos de un actor principal (Reino de España).

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La justicia británica ya autorizó este mismo año el embargo cautelar de tres propiedades inmobiliarias del Reino de España ubicadas en la capital inglesa: la sede del propio Instituto Cervantes, las oficinas de promoción económica de la Generalitat de Cataluña radicadas en Fleet Street y el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas.

El valor de mercado combinado de estos inmuebles ronda los 30 millones. Asimismo, los tribunales británicos han dado su visto bueno al embargo cautelar de la indemnización por la catástrofe del Prestige, valorada en 900 millones.

En paralelo a estas medidas de protección, también se han intervenido cuatro títulos de deuda pública española e invocado la cláusula que sitúa a nuestro país en una situación de default técnico. Esta decisión encarece la financiación del Tesoro en los mercados de deuda.

Por otro lado, los sobrecostes legales y financieros derivados de los impagos ascienden a 250 millones de euros. Próximamente se esperan nuevas decisiones judiciales en países como Australia, donde la Corte Suprema ha dado la razón a las empresas e inversores afectados.

Duro comunicado
Los abogados que han tramitado el caso destacan que "España está sufriendo un daño muy difícil de reparar en su reputación debido a la decisión del gobierno de incumplir sus obligaciones internacionales y no desembolsar las indemnizaciones decretadas en los 25 procesos que ya han llegado a su fin y se han saldado con victoria de las empresas e inversores afectados".

Subrayan, además, que "la inseguridad jurídica es especialmente problemática en el ámbito de las energías renovables, donde se requiere el despliegue intensivo de capital para financiar proyectos de largo plazo".

Este medio explicó el pasado mes de junio que la acumulación de impagos de sentencias internacionales ha situado a España a la par con Venezuela o Rusia, convirtiéndonos en uno de los países con mayor número de laudos sin resarcir.

Esta circunstancia incide directamente en el perfil de riesgo y la percepción de seguridad jurídica de la comunidad inversora internacional, que está reduciendo a pasos agigantados su apuesta por España, como han puesto de manifiesto los últimos datos de inversión foránea o las encuestas de percepción de los gestores financieros.

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