El golpe socialista al Estado de Derecho en España se dirige ahora contra la libertad religiosa, tras lo ocurrido ayer en Madrid.

Un abuso de poder y un ataque a la libertad religiosa

Este lunes, siguiendo órdenes del delegado del gobierno en Madrid, el socialista Francisco Martín Aguirre, la Policía amenazó con multar a un grupo de católicos por rezar en las escaleras de una iglesia en la calle Ferraz, cerca de la sede nacional del Partido Socialista (PSOE). Un abuso de poder contra un grupo pacífico de ciudadanos que llevan días rezando por España sin molestar a nadie, y todo ello después del anuncio de Sánchez de una amnistía para delincuentes separatistas violentos, incluso procesados por terrorismo.

Una multitud responde en la calle a este nuevo ataque socialista al Estado de Derecho

Como cabía esperar, el abuso cometido ayer por el gobierno ha tenido el efecto contrario al que buscaban los socialistas. Ayer, al cumplirse 25 días consecutivos de protestas ante la sede del PSOE, ya había poca gente. Hoy se ha congregado allí una multitud, incluyendo muchas personas que han ido a rezar, desafiando la prohibición antidemocrática dictada por el delegado del gobierno. Una vez más, la Policía Nacional se ha desplegado para impedir a la gente acercarse a la sede del PSOE.

Delante de la Parroquia del Inmaculado Corazón de María, donde ayer tuvo lugar el ataque a la libertad religiosa ordenado por el gobierno, muchos católicos se han reunido para rezar y entonar cantos religiosos, transmitiendo un mensaje claro al gobierno y a todos aquellos que no se quieren enterar: rezar no es un delito.

La Policía ha buscado al organizador de este acto de oración para identificarle y sancionarle, lo que ha provocado momentos de tensión durante esta concentración pacífica, ya que los manifestantes creyeron que la Policía se iba a llevar detenido al convocante del acto de oración.

El abuso de poder tiene también respuesta en los tribunales

Según ha comunicado, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha denunciado al delegado del gobierno, señalando que Francisco Martín "podría estar incurriendo en un delito de abuso de autoridad y prevaricación". Así mismo, Abogados Cristianos no ha descartado emprender acciones legales contra la Policía y ha anunciado que representarán a todo aquel que por el simple hecho de rezar sea detenido o sancionado, y se harán cargo del pago de las sanciones.

Polonia Castellanos, presidente de Abogados Cristianos, ha denunciado: "Este gobierno lleva al calabozo a personas pacíficas por el simple hecho de rezar mientras elimina condenas de todo tipo a delincuentes que ha convertido en sus socios".

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En la misma línea, la asociación HazteOir.org ha lanzado una recogida de firmas dirigida a la Fiscalía en la que pide investigar "la presunta prevaricación del Delegado del Gobierno en Madrid que supone un gravísimo ataque a la libertad religiosa". Esta asociación recuerda que según el Artículo 16 de la Constitución, "todos tenemos derecho a la libertad ideológica y religiosa y a manifestarla públicamente como nos parezca oportuno".

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