La marea está cambiando de dirección en cuestión migratoria, y Francia es en esto, como en tantas cosas, pionera. La violenta insurrección que hizo arder las calles del país este pasado verano ha sido la gota que ha hecho rebosar el vaso.

El primer resultado ha sido el nuevo proyecto de ley de inmigración que un comité ad hoc de la Asamblea francesa ha acordado, una medida que la líder soberanista Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, ha saludado como una «victoria ideológica».

«Estamos celebrando un avance ideológico, una victoria ideológica de la Agrupación Nacional, ya que esta ley consagra la prioridad nacional de dar a los ciudadanos franceses prioridad sobre los extranjeros en nuestro país en el acceso a ciertas prestaciones sociales», ha declarado Le Pen.

 Los elementos clave del proyecto de ley son el requisito mínimo de cinco años de residencia antes de que los inmigrantes no procedentes de países de la Unión Europea puedan recibir ayudas sociales del Estado —o 30 meses si están empleados—.

También contiene disposiciones según las cuales las personas con doble nacionalidad que hayan cometido un delito en Francia pueden perder su ciudadanía y ser repatriadas. La ley también incluye cuotas de inmigración y dificulta que los hijos de inmigrantes se conviertan automáticamente en ciudadanos franceses.

Se limita la regularización a 10.000 inmigrantes ilegales que trabajen en los sectores considerados deficitarios, como la construcción, la restauración o la ayuda a ancianos o personas enfermas. La ayuda médica gratuita también será en parte restringida a los inmigrantes sin papeles, que deberán aprender francés si quieren obtener el permiso de residencia.

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 El proyecto de ley es, antes que nada, una victoria política, porque nace en reacción a una iniciativa del propio Gobierno de Emmanuel Macron, un proyecto de ley tibio y aguado que el Senado rechazó, tras lo cual se inició un intenso debate en el seno de una comisión de ambas cámaras sobre el urgente problema de la inmigración en Francia.

Los partidos soberanistas ven, con motivo, una victoria espectacular en este acuerdo que incorpora sus medidas más estrictas, mientras la izquierda se echa las manos a la cabeza y tilda la ley de «extremista».

Pero no es menos significativo que los Republicanos, gaullistas de la derecha moderada y posibilista, hayan hecho suyo hasta cierto punto una visión de la inmigración no muy alejada de lo que hasta ahora se consideraba «ultra». De hecho Éric Ciotti, su líder, ha declarado que «hacemos nuestro este texto» y ha indicado que su grupo votara a favor.

El líder socialista Boris Vallaud, de acuerdo con otras fuerzas de izquierda, condenó el acuerdo como «un gran momento de vergüenza».

La guinda del pastel ha sido la división, quizá insalvable, que el acuerdo ha abierto en las propias filas del partido de Macron, Renacimiento, ya que el 20% de sus parlamentarios del partido votaron en contra.

Para el presidente de la República fue una catástrofe y una humillación que la Asamblea rechazara su proyecto de ley inmediatamente, sin necesidad siquiera de debatirlo. Lo normal hasta ahora cuando un esfuerzo legislativo de esta magnitud fracasa de manera tan absoluta es que los ministros implicados en su redacción dimitan inmediatamente.

Y ciertamente la oposición fue aún más lejos pidiendo la disolución del Ejecutivo que se disuelva. Jordan Bardella, presidente del Agrupación Nacional de Marine Le Pen, dijo a la cadena BFMTV el martes que está «listo para servir como primer ministro».

La paradoja es que Macron trataba con su proyecto de ley de inmigración abortar la expansión de los movimientos soberanistas en Francia, que tienen en la evidente sustitución poblacional su principal banderín de enganche.

Tan evidente y dramático es el fenómeno que los grupos soberanistas están ganando poder en toda Europa con la promesa de que detendrán la inmigración masiva y las políticas de inmigración ilegal aplicadas hace casi una década por los eurócratas de Bruselas.

Los grupos conservadores han ganado un terreno considerable en los últimos años a medida que los crímenes cometidos por inmigrantes reciben más atención en el escenario nacional e internacional.

Aunque Bruselas sigue negando, con tanta vehemencia como escasa credibilidad, que no hay conexión alguna entre la inmigración masiva y el aumento de la criminalidad, ya se han desenmascarado en el pasado reciente esfuerzos coordinados para maquillar las estadísticas a su favor.

Específicamente, las autoridades de varios países han eliminado la condición de inmigrante de los informes de arresto o han facilitado que los delincuentes se nieguen a revelar su condición de inmigrante al momento de la detención. En algunos casos, la Policía y los políticos han encubierto los delitos entre inmigrantes, incluidas bandas organizadas de violaciones en países como Suecia.

En contraste, los datos —por ejemplo— de Dinamarca incluyen dicha información y revelan que los inmigrantes y los inmigrantes de segunda generación con ciudadanía danesa en realidad tienen tasas de criminalidad más altas, incluidos casos de asesinato y agresión física.

La oficina de la policía federal de Alemania, el Bundeskriminalamt (BKA), ha revelado recientemente que la inmigración masiva al país es un factor importante que contribuye al aumento de los delitos violentos. El número de delitos que involucran a ciudadanos alemanes, incluidos ciudadanos con doble nacionalidad que pueden haber nacido en otro lugar, aumentó un 8% en 2023.

Los de sospechosos no alemanes aumentaron hasta un 23%. Además, los casos relacionados con menores extranjeros aumentaron un 37%.

Este revés sumirá en el pánico a la clase política tradicional francesa, con el partido Agrupación Nacional en auge tras el éxito histórico en las elecciones legislativas de 2022, donde multiplicó casi por diez su número de legisladores y consolidó el ascenso del partido desde un estatus marginal a una oposición mayoritaria. 

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