Con el objetivo de regular las protestas y garantizar la libre circulación vehicular durante las manifestaciones, el paquete de proyectos de la Ley Ómnibus, presentado ayer por el presidente Javier Milei al Congreso, propone medidas significativas que van desde multas por daños hasta cambios en las penas para los organizadores y manifestantes que incumplan con los protocolos.

En consonancia con la modificación del artículo 194 del Código Penal, se busca ampliar las sanciones para aquellos que “impidan, estorben o entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes o servicios públicos”. Según el presidente Milei, “es necesario desalentar los cortes de calle, que a partir de estas reformas serán fuertemente castigados”.

Una de las principales modificaciones es la pena para quienes, sin crear una situación de peligro común, obstaculicen el transporte público o privado. Antes de la reforma, la pena iba de uno a tres años y medio de prisión. Ahora, se propone elevar la pena mínima a un año y la máxima a 3 años y medio, con la posibilidad de prisión efectiva.

Además, se establece una condena más severa de 2 a 4 años de cárcel para aquellos que, durante una manifestación, porten armas o causen daño a la integridad física de las personas.

En el mismo sentido, la reforma también modifica el delito de resistencia a la autoridad, remarcando que “será reprimido con prisión de 1 a 3 años y seis meses el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, mientras estuviere cumpliendo sus funciones”.

La pena se endurecerá a un mínimo de 4 y un máximo de 6 años, si el hecho se cometiere a mano armada o por una reunión de más de tres personas, o si el autor fuere funcionario público o pusiere manos en la autoridad.

Organizadores de las protestas y jefes de movimientos sociales
El proyecto también aborda la responsabilidad de los organizadores de manifestaciones. Según el artículo, se considera organizador a aquel que convoque, coordine o provea medios para la realización de la protesta, como también aquel que pase lista, registre las presencias o las ausencias por cualquier medio escrito o de grabación de imágenes.

 Los organizadores son “solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionen a terceros o bienes públicos o privados”, y la responsabilidad resultará independiente de la asistencia o no de los organizadores o coordinadores a la reunión o manifestación. 

A los jefes de los movimientos sociales también les recaerá una pena de prisión o reclusión de 3 a 6 años cuando mediante “intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse”.

En cuanto a la notificación de manifestaciones, se destaca que “toda reunión o manifestación deberá ser notificada fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, con una antelación no menor de 48 horas”, según lo expresado en el artículo 333 del proyecto. Se deben proporcionar detalles sobre la manifestación, los organizadores, el objeto, la ubicación, el recorrido y la cantidad estimada de participantes.

Frente al incumplimiento de las disposiciones, el Ministerio de Seguridad de la Nación podrá intimar a los organizadores para que ajusten la protesta a las normativas. En caso contrario, se tomarán las acciones correspondientes, incluyendo multas.

Más aún, el proyecto aborda la presencia de menores en las manifestaciones. Según la nueva normativa, si durante la movilización se corta el tránsito o se participa con menores “sin la correspondiente compañía de sus tutores”, los organizadores serán multados por hasta veinte mil unidades fijas, una cifra que hoy supera los 5 millones de pesos. Esto refuerza la necesidad de garantizar la seguridad y el bienestar de los menores en entornos de protesta.

Estas reformas buscan equilibrar el derecho a manifestarse con la necesidad de mantener el orden público y la seguridad. La discusión en el Congreso será crucial para determinar el impacto y la aceptación de estas propuestas en la sociedad.

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