España pierde otro juicio internacional contra E.ON, ya son 25 condenas
Cabe destacar que, dado que el gobierno español aún no ha cumplido con las sentencias y ha colocado al país como el que acumula la mayor cantidad de laudos pendientes de pago, superando a Rusia y equiparándose con Venezuela
El 18 de enero de 2024, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de arbitraje del Banco Mundial, emitió la vigésimo sexta condena contra España por la retirada retroactiva de primas renovables. Esta vez, el fallo da la razón a la multinacional alemana E.ON, que reclamó una compensación de 324,7 millones de euros.
El tribunal, presidido por Mark A. Kantor, emitió un laudo en el que respalda alrededor del 90% del monto exigido por E.ON. El proceso se remonta a 2015, cuando la compañía puso en marcha la denuncia invocando el Tratado de la Carta de la Energía con representación legal de Luther Rechtsanwaltsgesellschaft.
Próximamente se revelará el monto exacto de la compensación que España deberá abonar a E.ON, pero fuentes cercanas al caso sugieren que los tribunales han respaldado la práctica totalidad de la reclamación recogida en la demanda de la empresa alemana, tal y como han podido confirmar fuentes del sector consultadas por Libre Mercado.
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Las 25 sentencias previas impusieron a España una carga de más de 1.200 millones de euros en concepto de indemnizaciones, a lo que hay que sumar 250 millones en sobrecostes, debido a los intereses de demora, costas legales y gastos en consultores y abogados. Ahora, el monto total se situará en el entorno de los 1.800 millones.
Cabe destacar que, dado que el gobierno español aún no ha cumplido con las sentencias y ha colocado al país como el que acumula la mayor cantidad de laudos pendientes de pago, superando a Rusia y equiparándose con Venezuela, las empresas afectadas han embargado diversos bienes de España en el Reino Unido y están preparando acciones similares en Estados Unidos.
Este caso representa otro golpe para la reputación de España en materia de inversiones y energías renovables, dejando en evidencia la falta de cumplimiento de las sentencias y generando preocupación entre las empresas afectadas por la inseguridad jurídica en nuestro país.
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