La retirada retroactiva de las primas renovables sigue propiciando condenas internacionales que obligan a nuestro país a indemnizar a las compañías afectadas por los cambios regulatorios y fiscales que llevaron a España ante los tribunales ante los cambios introducidos por los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

La decisión del actual presidente, Pedro Sánchez, de impagar estas condenas ha generado un problema adicional, al abrir la puerta a procesos de embargo contra los bienes del Reino en el extranjero.

El pasado fin de semana, al filo de la medianoche del viernes, trascendió la vigésimo sexta decisión contra nuestro país. Se trata de la sentencia correspondiente al caso E.ON, de modo que hablamos de un expediente de notable relevancia, puesto que la energética alemana es una de las empresas más importantes del sector.

Según informó Libre Mercado, el litigio planteado por E.ON echó a andar en 2015, cuando los abogados de la firma teutona llevaron a España ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, invocando el Tratado de la Carta de la Energía. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) resolvió el caso el pasado 18 de enero, tras una larga espera de casi ocho años.

De momento, las cláusulas de confidencialidad impiden conocer el monto final al que asciende la indemnización, pero sí ha trascendido que la empresa alemana reclamó 324,7 millones de euros y que el tribunal ha reconocido en torno al 90-95% de dicha cifra, de modo que hablamos de una compensación final cercana a los 300 millones.

 Se trata, de hecho, del caso más abultado de todos, por delante incluso de la sentencia del caso NextEra, que obliga a España a indemnizar a la empresa estadounidense con un pago de 290 millones. Es importante señalar, eso sí, que el monto total que adeuda España a NextEra también supera los 300 millones, puesto que a la indemnización original raíz hay que sumarle el pago de las condenas en costas y el efecto derivado de la acumulación de intereses de demora.

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Tomando el conjunto de las veintiséis sentencias emitidas contra el Reino de España, encontramos que las obligaciones pendientes de pago se sitúan ya por encima de los 1.500 millones. A esta cifra hay que sumarle algo menos de 300 millones que incluyen los honorarios de abogados y consultores reclutados por el gobierno, amén de las condenas en costas y el pago de intereses de demora.

Por lo tanto, la factura total ronda los 1.700 millones, 500 millones más que el pasado mes de abril. Esta cifra no incluye los honorarios de abogados y consultores contratados por el gobierno español, cifra que el Ejecutivo no facilita y que las empresas afectadas sitúan en el entorno de los 70 millones.

Ese gasto no sería reclamable por las compañías que están sufriendo los impagos, al contrario que los 1.700 millones que valoran reclamar las empresas a través de distintos procedimientos legales que pretenden intervenir bienes de España en Reino Unido, Australia o Estados Unidos.

Un informe situó recientemente a España como el país con mayor número de sentencias internacionales pendientes de pago, por delante de Rusia y a la par con Venezuela.

A raíz de este escándalo, la inversión extranjera se ha reducido más de un 30% durante el último año, con caídas de hasta el 75% en los puntos de mayor tensión con las empresas que están sufriendo el impago de estas sentencias, circunstancia que ha motivado el embargo de bienes, propiedades y activos financieros del Reino de España en Reino Unido, amén de un default técnico que ha encarecido la financiación del Tesoro.

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