El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha bloqueado las cuentas bancarias y ha embargado los bienes de los imputados en el caso Koldo mientras se investigan las presuntas mordidas millonarias que cobraron a través de contratos públicos adjudicados durante la pandemia.

Fuentes cercanas al caso aseguran que el juez ha tomado la decisión de que los imputados no puedan utilizar sus ingresos, ni tampoco los de sus familiares a los cuales tengan autorización. Los imputados por la Fiscalía Anticorrupción son el ayudante del ex ministro Ábalos, Koldo García Izaguirre; su hermano, Ioseba García; su mujer, Patricia Uriz; el guardia civil José Luis Rodríguez y los empresarios Juan Carlos Cueto, Íñigo Rotaeche y Víctor de Aldama.

El juez ha levantado el secreto de sumario de la investigación contra Koldo García, que habría liderado una trama de presunta corrupción en la adjudicación de contratos de urgencia del Ministerio de Transportes en el que trabajaba. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha procedido a tomar medidas cautelares civiles contra los imputados en el caso Koldo con el fin de asegurar su presencia en el procedimiento.

A la decisión de ordenar el embargo preventivo de los bienes y de intervenir las cuentas bancarias, también se suman otras cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente el juzgado.

En concreto, el juez Moreno ha obligado a los imputados a personarse cada 15 días. Las medidas cautelares tendrán una duración determinada, aunque el juez no ha especificado hasta cuándo. Los abogados de los imputados ya barajan recurrir las medidas interpuestas.

El instructor Ismael Moreno dejó en libertad a los imputados que pasaron a disposición judicial debido a que la Fiscalía no pidió su ingreso en prisión preventiva. Fuentes consultadas señalan que el Ministerio Fiscal no considera que exista riesgo de fuga ya que se les ha retirado el pasaporte.

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Los imputados también permanecen sin sus teléfonos móviles desde que pasaron a disposición judicial el pasado 22 de febrero. El juez de la Audiencia Nacional ordenó que los cuatro imputados dejaran sus terminales en el juzgado de modo que los peritos pudieran analizarlos.

En concreto, fuentes consultadas señalan que los investigadores tratan de interceptar comunicaciones de 2020, fechas en las que los implicados en el caso Koldo se hicieron con los contratos públicos.

Por el momento, la Audiencia Nacional no ha devuelto estos terminales móviles. Esta situación les ha obligado a hacerse con duplicados de tarjetas para poder comunicarse. El propio Koldo García Izaguirre ya se ha hecho con su duplicado a la espera de que la Audiencia Nacional le devuelva su teléfono. El juez aún no ha puesto fecha para devolverles los terminales.

Las pesquisas en la Audiencia Nacional han arrancado con la toma de declaración de los imputados en la querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Se tratan del que fuera asesor del ministro Ábalos, Koldo García Izaguirre, su hermano, Joseba García Izaguirre, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y el empresario vasco Iñigo Rotaeche. Los cuatro fueron detenidos en las ciudades en las que se encontraban en el momento de la intervención policial y fueron puestos a disposición judicial negándose a declarar ante el juez que, en ese momento, mantenía las actuaciones bajo secreto de sumario.

Tras ello, Ismael Moreno ha ordenado la comparecencia de Juan Carlos Cueto Martín, otro de los imputados en la querella. Cueto es el presunto cerebro de la trama que controlaba el Grupo Cueto, matriz de la empresa Soluciones de Gestión, la principal compañía investigada en el caso Koldo que se hizo con ocho contratos públicos por un valor de 53 millones de euros, desde la cual se habrían cobrado las presuntas mordidas.

El juez también tendrá que tomar declaración al resto de imputados en la querella que coinciden con la mujer de Koldo, Patricia Uriz y el subteniente de la Guardia Civil, José Luis Rodríguez. Fuentes de la Audiencia Nacional confirman que aún no hay fecha de citación ordenada por el juez.

La Fiscalía evidenció en su querella que Uriz aumentó su patrimonio alcanzando cifras millonarias tras las adjudicaciones y que Rodríguez asistió a reuniones con Koldo. Los querellados también prestaron declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que les detuvieron.

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