Pocos en el Supremo recuerdan una recusación como la que acaba de presentar el fiscal general del Estado contra los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de Contencioso. Cuando se pregunta a distintas fuentes por algún antecedente, el primero que citan es el de Carles Puigdemont, cuya defensa ha hecho de este tipo de incidentes casi un arte.

Que se lo pregunten al juez Pablo Llarena que rechazó el mes pasado el séptimo intento del expresident de Cataluña de apartarle. Ahora -dicen- Álvaro García Ortiz ha decidido seguir "una línea similar" a esa estrategia ya tradicional en el independentismo. "Actúa como Puigdemont", ironiza una de las fuentes consultadas.

 El paso dado por el fiscal general ha sumido a muchos en el TS en el pasmo y la perplejidad. Los fiscales que cuestionan la imparcialidad de los jueces se cuentan con los dedos de una mano, dicen. Sin embargo, en una decisión personal y desvinculada de la Fiscalía General como institución, García Ortiz ha dado un paso que ahora obligará a la Sala del 61 a pronunciarse.

Pide apartar a cuatro magistrados a los que considera "contaminados", con criterios "condicionados" y "falta de imparcialidad" y que no se ocupen de decidir si puede o no continuar al frente de la Fiscalía. Tras la decisión se trasluce su convicción de que parte de la Sala Cuarta busca descabalgarle.

 Todo el episodio parte de un recurso presentado por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) que se dirigió a la Sala III del Tribunal Supremo para reclamar la anulación del Real Decreto que consagró el nombramiento de García Ortiz en diciembre de 2023. Los demandantes ponen en duda su continuidad en el cargo en base a la condena del TS que concluyó que García Ortiz había incurrido en una "desviación de poder" al favorecer el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría.

También le acusan de seguir una "línea abiertamente progubernamental" y de incurrir en una "reiterada sucesión de errores jurídicos, despropósitos y omisiones graves en el desempeño de las obligaciones derivadas del cargo".

Aunque la demandada directa es la Administración del Estado, que ejecutó el nombramiento, García Ortiz se personó como codemandado y sería evidentemente el más perjudicado si se tumbara la decisión del Consejo de Ministros.

Ahora argumenta que cuatro de los magistrados que deben pronunciarse sobre si sigue o no sigue en el cargo no cuentan ya con la objetividad suficiente porque fueron los mismos que le cuestionaron por su intervención en la designación de la exministra de Justicia. El escrito se presentó hace días y no está relacionado con la última anulación hecha pública este martes.

 En el Supremo hay quien califica el movimiento como un paso en falso. Algunos creen que busca armar una sala "predeterminada" que le pueda favorecer. Otros tachan directamente la decisión como "una barbaridad". También hay quien lo considera un "ataque".

Algunos vocales del CGPJ consultados indican que movimientos de este tipo solo demuestran que, como votaron en su día por mayoría, "no es idóneo para el cargo". La opinión mayoritaria es que la pretensión del fiscal general no prosperará, ya que el objeto de la demanda se deriva de la primera decisión de la Sección recusada, pero es distinto por completo. Existe doctrina consolidada que niega la pérdida de objetividad de un tribunal que conoce diferentes hechos vinculados con una misma persona.

La decisión dependerá de la Sala del 61, formada por 16 miembros, y que se ocupa de resolver las demandas que se dirijan contra los presidentes de sala o contra la mayor parte de los magistrados de una Sala, como es el caso. Está formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de Sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.

García Ortiz no oculta su descontento después de conocer esta semana dos decisiones judiciales que le perjudican de forma directa. En las horas posteriores, se quejó del trato recibido y aseguró que el Supremo está sobrepasando sus criterios habituales a la hora de decidir sobre su política de nombramientos. Tras sus palabras quedó ya claro que considera que algunos no le quieren en el puesto y que van a por él. Y que lo hacen por ser el fiscal que escogió el Gobierno de Pedro Sánchez.

 Indicó que el Supremo ha elevado el nivel de exigencia ante los nombramientos discrecionales que hace "pidiendo criterios adicionales a los que exige el Estatuto del Ministerio Público", subiendo así "a la disputa política". "Prácticamente, el fiscal general podía nombrar a la persona que considerara más idónea y más conveniente porque los requisitos legales estaban ahí", dijo en RTVE.

 Mientras todo esto sucedía, el PP cargaba con todo contra él desde el Senado. Votaba con el apoyo de Vox su "cese inmediato" ante "el incumplimiento de sus funciones". Si hay algo que indica su decisión de dimitir es que no se plantea dimitir. Más bien lo contrario. Resistirá como gato panza arriba.

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