El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha justificado la recusación en la que solicita que cuatro magistrados del Tribunal Supremo no se hagan cargo del recurso contra su renovación y decidir si continúa o no en el cargo. Alega que “es más sano” que “otros ojos” examinen la alegación y no lo hagan quienes le han acusado de haber incurrido en una desviación de poder.

Además, ha reivindicado su legítimo derecho a defenderse. En una entrevista en la Cadena Ser, García Ortiz ha defendido que es “bastante sensato” que sean otras personas quienes estudien el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su renovación, dado que los cuatro magistrados que pide apartar son los mismos que esta semana han acordado anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

El fiscal general ha explicado: “Si la base argumental de esa demanda es que yo he incurrido en desviación de poder, que los mismos magistrados que han dicho que yo he incurrido en desviación de poder tengan que juzgarse a sí mismos, a mí no me parece lo más conveniente. Es más sano que otros ojos examinen si esa alegación puede ser rebatida o no”.

Eso sí, ha incidido en que si la ‘Sala 61’ no acepta su recusación “tendrá sus motivos” y será “tan perfectamente legal y legítimo plantear la recusación como sea resuelta ir a ese pleito” y ejercer sus derechos a defenderse.

“Ejercer lo que dice la norma, lo que dice la ley, para defenderte o para defender una tesis o una pretensión, no puede ser nunca objeto de manipulación o de discusión”, ha agregado. Preguntado sobre si se siente perseguido por el Tribunal Supremo tras la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, ha indicado que “nadie se puede sentir perseguido” por el TS, ya que un fiscal general "no puede sentir que es perseguido en absoluto.

 Por otra parte, el fiscal general del Estado se ha pronunciado sobre la politización de la justicia y ha asegurado que si bien no cree que se pueda decir que haya “complicidad” entre la judicatura y partidos políticos, sí hay una “identidad de objetivos” dentro de las asociaciones judiciales con "determinados partidos políticos".

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