La compañía japonesa JGC sigue litigando ante la justicia estadounidense por los impagos de las sentencias que condenan al Reino de España por la retirada retroactiva de las primas renovables. La denuncia, planteada originalmente en septiembre, ha empezado a coger vuelo en las últimas semanas y abre el enésimo frente judicial que causa esta situación a nuestro país.

El Centro Internacional de Arreglo de Disputas referidas a Inversiones (CIADI) emitió su fallo en noviembre de 2021, reconociendo el daño causado a JGC por las distintas modificaciones normativas y fiscales que se introdujeron en el sector energético y lesionaron las condiciones ofrecidas a los inversores, violando así los preceptos del Tratado de la Carta de la Energía (TCE).

El laudo obligó a España a pagar una indemnización de 23,5 millones de euros, amén de unos intereses de demora equivalentes a una tasa compuesta del 2,7% mensual para el periodo que abarca la duración del litigio (2014-2021) y una tasa compuesta del 1,6% mensual para todo el tiempo que transcurra desde la decisión del tribunal hasta el pago efectivo de la indemnización.

Asimismo, el CIADI impuso a España el pago de la condena en costas judiciales, por valor de 1,6 millones de euros, 630.000 dólares y 25 millones de yenes.

Ante los reiterados impagos de España, JGC decidió registrar el laudo ante la magistratura de Estados Unidos en septiembre de 2023. La Corte del Distrito de Columbia empezó a tramitar el expediente y admitió el proceso a lo largo del invierno. En febrero, España pidió la anulación del litigio, argumentando que el asunto debe dirimirse ante la justicia europea. El bufete contratado por la Abogacía del Estado es Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.

La respuesta de JGC
JGC ha respondido al intento de España de tumbar el registro del laudo que "no solamente se trata de un intento más de España de eludir sus responsabilidades, sino que, además, en este caso hablamos de un inversor japonés, lo que hace aún más sencillo el proceso y tumba el razonamiento de la Abogacía del Estado".

De esta forma, JGC alude indirectamente a las denuncias interpuestas por NextEra, 9REN y Blasket, compañías que también están afectadas por los impagos del gobierno, pero que interpusieron la denuncia desde sus entidades legales europeas.

"La argumentación de España suele ser que las disputas con inversores europeos no pueden dirimirse en el CIADI. Entendemos que esto no es correcto pero, en cualquier caso, en el litigio que nos ocupa no cabe plantear tal argumentación, puesto que hablamos de una compañía nipona", apunta el escrito remitido a los tribunales norteamericanos.

"Si hablamos de las obligaciones de España ante un inversor japonés y en el marco del TCE y el Convenio del CIADI, la situación es mucho más sencilla y parece evidente que la postura de la Abogacía del Estado no permite evitar el registro del laudo y su pleno reconocimiento ante los tribunales estadounidense", concluye el escrito de JGC, formulado por el bufete Gibson, Dunn & Crutcher LLP.

Cinco denuncias
El TCE y el CIADI contemplan el registro de los laudos como fórmula para evitar impagos. Si en Reino Unido ya se han reconocido estas deudas y se han autorizado distintos embargos, en Australia también ha ocurrido lo primero y pronto puede sucederse lo segundo, afectando por ejemplo a la filial de Navantia.

En cuanto a Estados Unidos, las denuncias en marcha que ha podido confirmar este diario involucran a NextEra, 9REN, Blasket y JGC, pero también pueden incluir próximamente a RWE, puesto que la justicia alemana ha allanado el camino para dicha acción.

La deuda pendiente de pago asciende a 290 millones en el caso de NextEra, 42 millones en el de 9REN, 28 millones en el de Blasket y 24 millones en el de JGC. De sumarse RWE, serían otros 28 millones. A estas cifras hay que sumarle otras obligaciones como el pago de intereses de demora o de condenas en costas.

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