El Congreso de España revocó este jueves 30 de mayo el veto de la cámara alta con su aprobación final de una controvertida ley de amnistía por un estrecho margen de 177 votos contra 172.

Esta polémica medida permitirá la amnistía de cientos de separatistas y funcionarios catalanes involucrados en el impulso independentista desde 2011, incluyendo los encarcelados por los disturbios del referéndum secesionista de 2017.

La ley, que entrará en vigor una vez publicada en el boletín oficial, ha causado grandes protestas y críticas en los últimos meses, enfureciendo a la oposición conservadora que planea impugnarla en los tribunales. En una encuesta de El Mundo en marzo, el 62% de los encuestados en toda España rechazó la amnistía, pero en Cataluña la mayoría, el 48%, la apoyó.

Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, presentó la propuesta el año pasado a cambio del apoyo en el parlamento de los partidos separatistas Junts y Esquerra Republicana para permanecer como presidente tras unas elecciones inconclusas. Argumentó que la amnistía traerá reconciliación con la región nororiental siete años después del referéndum ilegal que desencadenó la peor crisis política de España en más de 30 años.

Los grupos separatistas celebraron la aprobación como una «victoria» histórica en su camino hacia la independencia. La diputada de Junts, Miriam Nogueras, afirmó durante el debate: «Nada se perdona, sino que se gana una batalla en el conflicto de siglos entre las naciones catalana y española».

Sin embargo, la oposición de derecha criticó duramente la ley, calificándola de inconstitucional y de «corrupción política». El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, denunció que el gobierno «ha mentido a los españoles porque prometieron no hacer esto», convirtiéndolos en «ciudadanos de segunda». «La amnistía es un intercambio de poder por privilegios, de impunidad por poder», expresó.

En la misma línea, el líder de Vox, Santiago Abascal, afirmó que la ley «legitima el golpe y la violencia política» en Cataluña, calificándola como el «atentado más grave a los españoles honrados desde 1978».

En defensa de la medida, el legislador socialista Artemi Rayo Lombarte declaró: «España y Cataluña han dicho sí a la amnistía. Europa ha dado su bendición, Cataluña está agradecida y este hemiciclo lo aprobará hoy».

La votación final reflejó las tensiones territoriales y el enfrentamiento entre fuerzas separatistas e unionistas. La ley salió adelante con 177 síes de socialistas, independentistas catalanes y otros socios menores, frente a 172 noes del PP, Vox y otros partidos de la oposición.

El líder de Junts, Carles Puigdemont, principal beneficiario al levantarse la orden de arresto que pesa sobre él por la intentona secesionista de 2017, anunció que regresará a España cuando se convoque el parlamento catalán para elegir presidente regional, aunque aún no hay fecha.

Los socialistas esperan que la amnistía cimente su alianza con separatistas como Junts y ERC para aprobar legislación en el parlamento nacional. Pero la oposición advierte que desatará una grave crisis territorial e institucional, y planea impugnar la norma ante los tribunales.

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