Castellón, Elche, Burgos, Palma y Cartagena harán controles contra los fraudes, unas medidas que se extenderán a otros municipios donde VOX tiene competencias en seguridad

Inspecciones y visitas domiciliarias, coordinación entre instituciones, canales de denuncias anónimas, sanciones contra los fraudes o retirada inmediata de ayudas públicas a ilegales. VOX está impulsando medidas contundentes en los municipios en los que gobierna o tiene acuerdo de gobierno, para combatir el alarmante aumento de empadronamientos irregulares detectados. Estas iniciativas se aplicarán también en otros municipios en los que VOX tiene competencias en materia de seguridad.

Los grupos municipales en Castellón, Elche, Burgos, Palma y Cartagena han puesto en marcha acciones de manera conjunta para comprobar la veracidad de la información proporcionada en los registros de empadronamiento y asegurar que se cumpla con la legislación vigente.

 Desde Cartagena, se ha alertado sobre “un problema de inmigración masiva potenciada por el polo atractor de los centros de inmigración”, según ha declarado el portavoz, Gonzalo López Pretel. “El empadronamiento se usa como herramienta para regularizar y captar beneficios”.

Ante esta situación, “debemos ser muy exigentes y vigilantes en el cumplimiento de los requisitos”. En este sentido, el ayuntamiento ha solicitado información al departamento de estadística para obtener datos sobre viviendas con movimiento en el padrón de más de dos en los últimos 5 años, viviendas con una ratio de personas empadronadas mayor que 1 por cada 10 metros y viviendas con personas empadronadas distintas al propietario y familia.

En Castellón se ha detectado “que en pisos de no más de 90 metros cuadrados hay hasta 15 empadronados”. Además, los que administran esos pisos «patera» los subarriendan por habitaciones lucrándose a costa de los más indigentes”. Antonio Ortolá, concejal de Seguridad y Emergencias de Castellón, ha destacado el aumento de la delincuencia pese al incremento de la plantilla de Policía Local:

“Las estadísticas del Ministerio del Interior muestran un incremento en los delitos sexuales y contra el patrimonio, con problemas particulares entre los inmigrantes irregulares”. El ayuntamiento de Castellón implementará un plan con Servicios Sociales y Familia e Infancia para detectar empadronamientos fraudulentos, requiriendo un buen servicio de estadística y la cooperación del Registro del Padrón municipal.

 34 en un piso
El grupo municipal de VOX en Palma de Mallorca ha propuesto que la policía realice inspecciones domiciliarias para detectar empadronamientos fraudulentos. El portavoz Fulgencio Coll ha denunciado que en Palma “se comete un delito cada 17 minutos” y ha destacado el “preocupante” aumento de las agresiones sexuales. En este sentido, ha vinculado el aumento de la delincuencia al uso indebido del empadronamiento.

Casos como el empadronamiento de más de 34 personas en un apartamento en Manacor y 24 en un piso de Palma ilustran la gravedad del problema. «Ciudadanos alquilan viviendas y empadronan a decenas de personas de forma fraudulenta, dejando a los propietarios con personas empadronadas sin contrato de alquiler», ha explicado Coll.

Otra de las medidas impulsadas desde los ayuntamientos es la colaboración de la Policía Local con otros organismos, como la Policía Nacional, la Guardia Civil o los servicios de inmigración.

Los ciudadanos de estos municipios podrán también denunciar de manera anónima posibles irregularidades. La policía local dará seguimiento a estas denuncias para actuar de acuerdo con la legislación vigente, tomando medidas necesarias para corregir la situación y sancionar a los responsables.

Cero ayudas
Además, VOX está exigiendo a las administraciones autonómicas la suspensión inmediata de ayudas sociales como la renta social básica a aquellas personas que hayan ingresado ilegalmente o se encuentren en el territorio nacional después de perder su estatus de residente legal.

En este sentido, Aurora Rodil Martínez, tercera teniente de alcalde de Elche, ha declarado que “sabemos que existe un mercado negro de empadronamientos, gente que se empadrona de forma fraudulenta para conseguir los beneficios y ayudas sociales que ofrecemos en nuestro municipio. Esto genera un efecto llamada que hay que detener de inmediato”.

La concejalía de seguridad de Burgos va a impulsar medidas preventivas para evitar empadronamientos ilegales, además de reforzar la colaboración con las fuerzas de seguridad para que no se produzcan problemas de violencia o delincuencia derivados de los empadronamientos ilegales”, ha declarado el vicealcalde Fernando Martínez-Acitores.

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