En vísperas de las elecciones europeas y, lo que quizá sea más importante, la renovación de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión, el ya imparable caso de presunta corrupción en la compra masiva de vacunas contra el coronavirus —el ‘Pfizergate’— podría poner en un serio aprieto al Ejecutivo comunitario.

Una carta del abogado del demandante en el caso, a la que ha tenido acceso Euronews, dirigida a los 27 líderes de la UE y a Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo (PPE) y registrada oficialmente en el Consejo Europeo exige la dimisión de la Comisión Europea, empezando por Von der Leyen.

El demandante solicita a los líderes de la Unión Europea que lleven el asunto al Tribunal de Justicia para obligar a Von der Leyen y a todos los comisarios europeos a dimitir y perder sus derechos de pensión. Además, el demandante pide al PPE que retire la candidatura de Von der Leyen a la presidencia de la Comisión Europea y que le prohíba ocupar cualquier puesto en una institución europea mientras esté bajo investigación penal.

El abogado cita los artículos 245 y 247 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que abordan acciones incompatibles con los deberes oficiales y faltas graves.

El caso gira en torno a la divulgación de llamadas y mensajes de texto entre Von der Leyen y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, a través de los cuales negociaron contratos de vacunas durante la pandemia de COVID-19. Frédéric Baldan, un cabildero belga, presentó la denuncia inicial, lo que dio lugar a una investigación por parte de las autoridades belgas a principios de 2023. Desde entonces, Hungría y Polonia se han sumado a la demanda.

La carta critica a Von der Leyen por negarse a revelar los contratos de vacunas y sus comunicaciones con Bourla, alegando que sus acciones ofenden la «moral pública» y erosionan la «confianza legítima» en la Comisión Europea. La carta afirma que Von der Leyen y sus comisarios ya no son capaces de desempeñar sus funciones, violando el principio de buena administración establecido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

El demandante también cuestiona la implicación de la Fiscalía Europea (EPPO), que ha solicitado ocuparse del caso. Según Baldan, esta medida tiene como objetivo anular a las partes civiles involucradas y potencialmente anular la investigación, ya que la Fiscalía Europea podría carecer de fondos para continuar su trabajo hasta 2024.

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