El Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular es el juez Manuel García Castellón, es el encargado de tutelar en funciones de juez de garantías las comprobaciones que lleva a cabo la Fiscalía Europea antes de decidir si investiga indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a adjudicaciones públicas que se nutrieran de fondos europeos.
 
Así lo confirman fuentes jurídicas, que señalan que la Fiscalía Europea analiza si pudiera haber indicios de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Una de las primeras acciones que ha debido supervisar el juzgado ha sido la personación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar información relacionada con determinados contratos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés por orden de la Fiscalía Europea.

La actuación de los agentes tuvo lugar después de que el pasado 26 de abril el órgano comunitario se interesara por la causa y preguntara al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que admitió a trámite una denuncia del sindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos.

En un decreto del 26 de abril, la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) pidió al juez Juan Carlos Peinado que le informara de los hechos que investiga y que le precisara si en el procedimiento “estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley”, integrada por una sociedad propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las “recomendaciones o avales” de Gómez.

La figura del juez de garantías nace por aplicación del reglamento europeo relativo a la Fiscalía Europea. Le corresponde autorizar las diligencias de investigación restrictivas de derechos fundamentales, acordar medidas cautelares personales cuya adopción esté reservada a la autoridad judicial, asegurar la fuente de prueba personal ante el riesgo de pérdida de la misma, autorizar el secreto de la investigación, acordar la apertura del juicio oral o disponer el sobreseimiento y resolver las impugnaciones contra los decretos del fiscal europeo delegado, entre otras atribuciones.

Cabe destacar que, desde marzo, este mismo magistrado ha sido designado juez de garantías en la investigación que abrió la Fiscalía Europea sobre los contratos firmados –durante la primera etapa de la pandemia– por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares con la presunta trama en la que habría participado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, para el suministro de mascarillas.

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