El primer ministro y ministro de Exteriores de Catar, el jeque Mohamed Abdulrahmán al Thani, ha viajado  a Madrid para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y «continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales».

La visita es fruto del «memorando de entendimiento» firmado por Sánchez en Doha el pasado mes de abril que pone en marcha una alianza «estratégica» entre los socialistas y el emirato, y supone un «hito significativo», según ha señalado la Embajada catarí.

 Llama la atención que miembros de un Gobierno que se declara «progresista», «feminista» y «defensor de los derechos humanos» reciban a autoridades de un emirato en el que rige la sharía en casi todos los órdenes de la vida diaria y fomenta la ideología antidemocrática de su difunto líder espiritual, Yussef Alkaradawi, en los inmigrantes musulmanes en Europa.

El país, que alberga con «orgullo» a miembros de Hamás, considerada terrorista por la Unión Europea, mantiene además la pena de muerte, impone la flagelación por algunos delitos (por ejemplo, en el caso de la apostasía) y no tolera la libertad de expresión. Busca expandir el islamismo más radical de la mano de los Hermanos Musulmanes, organización considerada terrorista por Egipto y que quiere califatos en Europa.

Los derechos de los trabajadores inmigrantes (asiáticos) están absolutamente limitados por el sistema de patrocinio —kafala— y socavados por la nula aplicación de las leyes laborales, lo que permite abusar de los trabajadores, que viven en condiciones de esclavitud, sobre todo en sectores como la construcción o el servicio doméstico. Los trabajadores, que tienen prohibido organizarse, sufren en muchas ocasiones el robo de sus salarios.

Los homosexuales son perseguidos y las mujeres son agraviadas. En la legislación y en el día a día ellas siguen sufriendo la discriminación y están encorsetadas por el sistema de tutela que las obliga a permanecer subyugadas a un tutor masculino, en general su esposo o un familiar.

Así, continúan necesitando el permiso de una figura masculina para tomar decisiones fundamentales en sus vidas (casarse o estudiar en el extranjero) y en caso de que logren divorciarse el Estado les retira la potestad de sus hijos.

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