La Mutualidad de la Abogacía, ahora la Mutualidad, celebrará asamblea ordinaria del 29/06/24 teniendo un orden del día con algunos puntos muy relevantes como el séptimo, referido a la fusión por absorción de la Mutualidad de Procuradores y la Mutualidad de Gestores Administrativos, y puede afectar a las expectativas de derechos de un sustancial número de mutualistas del total de mutualistas (más de 200.000), y concretando, a los abogados mutualistas que tienen un sistema alternativo al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, (en lo sucesivo RETA, que somos más de 65.000, y que simplificando, nos conocen como alternativos.

 Por ello debiera haberse distinguido en el orden del día aquello que afecta a todos los mutualistas y aquello que a los alternativos.

De ahí que debieran haber sido llamados dos cuerpos de electores y elegibles en las asambleas territoriales previas para ser representantes de los mutualistas en la asamblea general, lo que no se ha hecho (a diferencia de la última asamblea extraordinaria del pasado mes de abril) y a pesar de lo preceptuado en el art. 23.3.e) de los Estatutos de la Mutualidad aprobados por la asamblea ordinaria celebrada el 17 de junio de 2023 (Edición julio de 2023).

 Mención especial sería lo relativo al control absoluto por la Mutualidad del censo de mutualistas (eso sí, gracias al amparo estatutario tras una relativamente reciente modificación con no muy buenas intenciones) para jugar con ventaja. Ello ha generado múltiples denuncias (en sus diversas acepciones) ante lo que es una práctica cuanto menos sospechosa, si no cuasi estalinista.

 Si todo esto resulta complejo y críptico para la ciudadanía y para una gran parte de la abogacía española, ha de sumarse que en las asambleas territoriales de la Mutualidad de Procuradores previas, por amplísima mayoría han salido candidatos que están por el no a la integración en la Mutualidad.

 La Mutualidad, compañía de seguros en su modalidad de mutualidad de previsión a prima fija, como parte del conglomerado del lobby de la abogacía institucional, está en estrecha relación con otras corporaciones con sus correspondientes vasos comunicantes.

 Y así, está conectada con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) del que dependen otros tentáculos como los consejos autonómicos y los colegios de abogados, en tanto, entre otras cosas, y con carácter estatutario, son socios protectores de la Mutualidad. ¡Faltaría más!.

 A su vez, este conglomerado, que nunca ha sido independiente, sencillamente por no poder serlo, y sin que sirva de disculpa, está conectado indirectamente con otros centros de poder político pasados, persentes y futuros. No nos engañemos.

 Ese conglomerado que representa a la abogacía institucional está divorciado desde hace décadas de la abogacía de calle, la de la gran mayoría. Además, tiene una nota distintiva esencial: ser siempre políticamente correcto, abrazando, sin tapujos, la deleznable (por lo que esconde) engañifa de la Agenda 2030 y que no hemos votado ninguno de los españoles.

Sí, ya saben, lo del tufo de lo resiliente, lo inclusivo, lo sostenible, lo responsable, lo restaurativo y demás pamplinas vacías en modo “ecolive” donde el la ingeniería social en su diversas manifestación es ariete para disolver y liquidar naciones, destruir identidades, dividir, empobrecer y esclavizar a su población en pos del consabido gobierno mundial, aunque eso sí, por nuestro bien, bajo el consabido el letal buenismo matador.

 Y a pesar de ser sostenido económicamente y en parte, por la abogacía de calle, francamente, ésta  no pinta nada salvo a título de “paganini”.

 Sin embargo, el conglomerado de la abogacía institucional no se ha “actualizado” a parámetros políticamente correctos, esto es, lo que llaman “democráticos” ni cuanto a la elección de su estructura ni en cuanto a la toma de decisiones por los mutualistas. Para ambas cuestiones se requiere de “compromisarios” que representan a los mutualistas, quebrando el principio de igualdad en la toma de decisiones bajo la máxima de un abogado, un voto.

 En definitiva, el conglomerado de la abogacía institucional es un lobby tan “democrático” como le convenga a sus intereses y sobre todo si salen los resultados que previstos, aunque sea “a la búlgara”.

 Para colmo, la Mutualidad sabe que su futuro es sombrío. En cuanto el actual Gobierno de España apruebe una futura Pasarela al RETA para los mutualistas, y por cierto, salvo cambio, con un enfoque normativo tan sectario que vulnera los principios de universalidad y voluntariedad y que dará lugar a mucha litigiosidad y a la necesaria reforma.

Si ahora es residual el número de abogados que empiezan y optan por la Mutualidad como alternativa al RETA, menos va a ser después, en tanto que los futuros abogados no van a poder optar. Y para los que ya estamos como alternativos, la pasarela al RETA se condiciona a estúpidos criterios de “vulnerabilidad”, quebrando el principio de igualdad, en tanto que a un futuro pensionista en su modalidad contributiva no se le pide tal que acredite o no tan sugestivo requisito.

 Y retomando la próxima asamblea ordinaria, donde se va a “censurar” la gestión de la Mutualidad en el pasado año, a pesar del “autobombo” de sus dirigentes, con su Presidente y su Director General a la cabeza, los resultados que aportan, según sus Cuentas Anuales e Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2023 son, a mi juicio, manifiestamente mejorables, en tanto son malos y así:

 1º.- Innecesario e ineficaz incremento del número de empleados al cierre de los ejercicios 2023 y 2022 ascendía a 151 y 140 personas respectivamente (pág. 67). 

 La competencia no sólo se mide en números, se mide en eficacia. Se proyecta una imagen de “chiringuito”, que probablemente no responda a la realidad y con razón de más, hay que demostrar que no es así.

 2º.- Excesivas e inmerecidas compensaciones satisfechas durante el ejercicio 2023 a los 17 vocales (17 vocales en 2022) de la Junta de Gobierno de Mutualidad General de la Abogacía que han ascendido a 754.402 euros (755.060,00 euros en 2022) con unos gastos de viaje por desplazamiento, alojamiento y manutención que han sido de 150.745,55 euros (118.684,93 euros en 2022) (pág. 67 y 68). 

 El horizonte próximo para la Mutualidad y los mutualistas es oscuro, por lo que razón de más para “atarse los machos” y recortar en tanto que es probable que haya más vocales que cometidos reales en orden a la eficacia de la gestión por la Mutualidad.

 3º.- Abultadas y exageradas remuneraciones en 2023 (y años anteriores) por todos los conceptos al personal de Alta Dirección de Mutualidad, considerando que sólo hay dos personas con relación laboral específica de “Alta Dirección” y que han ascendido a 436.981,13 euros. En el año anterior ascendió a 436.650,00 euros correspondiente a 2 personas (pág. 68). 

 La austeridad debe empezar por quienes la representan y eso se echa en falta, no lo voy a negar, y más si los resultados no acompañan, debiéndose solidarizar con los mutualistas dando ejemplo.

 4º.- Exiguas rentabilidades de las inversiones de Mutualidad asignadas específicamente al Plan Universal y Plan Junior durante el ejercicio 2023 que ha sido del 3,83% sobre los activos medios invertidos. En 2022 la rentabilidad alcanzó el 4,63% retribuyéndose el 4,17% (pág. 97) con un  descenso en las aportaciones de los mutualistas del 5,62% con respecto al ejercicio anterior (pág. 97). 

 Algo inexplicable, a mi juicio, si no fuera, por una mala gestión financiera o por no estar a la altura debida.

 5º.- Rendimientos netos decrecientes por inversiones tras deducir los gastos financieros, han supuesto 398,8 millones de euros (385 millones de euros de rendimientos financieros y 13,8 millones de euros de inmuebles), con un descenso frente a los obtenidos en el periodo anterior de 29,6 millones de euros, un 6,91% menos (pág. 97). Y correlativamente, crecientes gastos de administración y comerciales en el ejercicio 2023 se han incrementado con respecto a 2022 habiéndose producido un aumento del 25,27% (pág.97). 

 Si pagaran por resultados, les aseguro que la gestión inmobiliaria sería mejor.

 Mención capital merece el Proyecto Común de Fusión de la Mutualidad de Procuradores y la Mutualidad de Gestores, en tanto que los fondos mutuales de las mutualidades implicadas son absolutamente desiguales (205.560.000€ caso de la Mutualidad, 2.473.243,94€ caso de Mutualidad de Procuradores y 30.050,61€ caso de Mutualidad de Gestores Administrativos).

 Además, la fusión por absorción implica para la Mutualidad repercusiones en diversos ámbitos, y así:

 -En el contable, la integración del activo y del pasivo; 

-En el fiscal, la asunción del denominado Régimen de Neutralidad; 

-En el laboral, la  sucesión empresarial;  

-En el jurídico, la subrogación de la Mutualidad en todos los derechos y obligaciones de las mutualidades objeto de absorción (específicamente en el laboral la  sucesión empresarial); la  modificación estatutaria diversa y orgánicamente el incremento los miembros de la Junta de Gobierno; etc.

 Ello trae como consecuencia incertidumbre para los alternativos, así como para los mutualistas de las otras mutualidades que se pretenden “integrar”, aunque sea “a la trágala” preguntándonos ¿Cómo va a quedar todo y en qué medida nos va a afectar esta fusión a todos los mutualistas y específicamente a los alternativos?. Por tanto, el horizonte de incertidumbre es evidente, aún cuando en la propia asamblea ordinaria digan que “todo está controlado”. Miedo dan esas palabras.

 Por ello, teniendo en cuenta el contenido, alcance y repercusiones para los mutualistas alternativos de cara a las a las expectativas de derechos de tal colectivo, debiera suspenderse la próxima Asamblea General de la Mutualidad, y procederse conforme el art. 23.3.e) de los Estatutos de la Mutualidad, conformándose dos cuerpos electorales, con todos los efectos estatutarios que ello implica.

 Pero señoras y señores, no lo harán y lo que tendrán es una asamblea ordinaria difícil, tensa, interesante y plagada de incidentes por mor de un ambiente muy caliente, al haber un número creciente de “compromisarios” que votarán NO a todos los puntos del orden del día. Y por supuesto, también en la calle, como pasó en la del año pasado para, probablemente, desembocar en los juzgados los cruces de denuncias correspondientes y las posteriores impugnaciones de acuerdos asamblearios.

 Y a todo esto, no pierdan de vista que los alternativos arrastran una enorme frustración ante  sus futuras prestaciones al cumplir su edad de jubilación con un horizonte de unas rentas vitalicias ridículas, que no son algo equiparables a la pensión mínima de la Seguridad Social , bajo el contexto de un sistema de capitalización que ha demostrado ser la puntilla del fracaso de lo poco que queda en el mutualismo en España en tanto que en la práctica la alternatividad al RETA no es equivalente ni equiparable, ni alternativa de nada, aunque el márketing publicitario de la la Mutualidad se esfuerce en ello, dándose de cabezazos la realidad financiera, contable y actuarial.

El mensaje que hay en la abogacía de calle es claro, y no es otro que es mejor una pensión no contributiva que “aforar” a la Mutualidad.

 Eso sí, en una cosa tengo que dar la razón al Presidente y Director General de la Mutualidad, y es que la culpa la tenemos los alternativos por no aportar más en estos tiempos de empobrecimiento masivo de la población, donde la clase media es casi inexistente por obra y gracia de los sucesivos y deleznables gobiernos padecidos por España con la coartada del voto de los españoles.

Sin embargo, no se engañen, estos gobiernos cumplían las consignas de la UE que han abocado a España a ser un protectorado de la UE, como Europa occidental es del hegemón anglo. Y todo a costa del entreguismo de nuestra soberaría devastando moral, social, política y económicamente a España.

 La verdad es que si los alternativos tuviésemos las retribuciones de nuestro Presidente y Director General aportaríamos más a la Mutualidad, pero señores, somos tan mediocres que no llegamos a su nivel retributivo ni por asomo. Así que perdón por existir y sostenerles en sus maravillosos puestitos y por la pasta gansa que se llevan, porque en el fondo, a los abogados de calle lo que nos pasa es que somos unos envidiosos, ¿verdad?. 

 Cierto es que Vds tienen algo que yo no tengo: las virtudes que les caracterizan y los defectos de los que carecen. O sea, que en el fondo, a Vds les espera el Olimpo y a los alternativos, como yo, el inframundo del Hades una vez nos muramos de asco.

 Sea pues, por que en su lógica, merecido es. Y perdón por la impostura, y si merezco reproche y castigo, díganmelo porque viniendo de Vds, por algo será que para éso saben más que yo. ¿O tal vez no?.

 Estoy seguro de que en la próxima asamblea ordinaria nos darán a los alternativos una lección que no olvidaremos, y que tendré que tragarme mis palabras. Pero ¿y si no es así y es a la inversa, van a dimitir?.

 En definitiva, para quienes nos gusta el Derecho, el 29/06/24 nos espera una jornada apasionante, mucho más si cabe que la final de la Eurocopa 2024.

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