El Ministerio de Igualdad, a cargo de Ana Redondo, encierra una nueva polémica por el financiamiento de diversas actividades, como carreras de tacones, pasos de peatones arcoíris, papeleras y contenedores para tampones, talleres de maquillaje, charlas LGTB y ferias de bailes con perspectiva de género.

Según la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que aglutina a varios colectivos feministas, detrás de estos gastos existe una preocupante falta de transparencia administrativa que podría implicar malversación de fondos.

 La organización consignó un largo listado que documenta 119 casos, el cual contenía una serie de irregularidades en el gasto de los fondos públicos entregados por la cartera de Redondo al Pacto de Estado contra la violencia machista. 

El registro detona un nuevo capítulo de posible corrupción en el financiamiento de iniciativas con perspectiva de género. En concreto, la Alianza alega que ninguna de las iniciativas mencionadas son objeto de alguna medida financiable con los fondos del Pacto de Estado. Con este argumento, el colectivo feminista exige una fiscalización en las asignaciones.

Sin embargo, la revisión de las cuentas para detectar malversación, como acusan las feministas en el manejo del Pacto de Estado, pinta aguda considerando que lo han ratificado en el Congreso, en la Moncloa, comunidades autónomas. También las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

 Redondo en la mira
Redondo está en la mira de las feministas. Sobre todo porque sus señalamientos insisten en que el mal uso de los fondos públicos representa legalmente una malversación que obliga a la alta funcionaria del gobierno del socialista, Pedro Sánchez, a actuar para contener los agravios al Estado.

En ese sentido, son directas.  “Es su responsabilidad litigar para recuperar los fondos malversados y garantizar que el dinero no tenga un uso diferente de aquel al que estaba destinado”.

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres exige reflectores sobre el presupuesto asignando al Pacto considerando que registra un incremento de 40% en los siete años de funcionamiento. De hecho, Redondo ya destinó 140,2 millones de euros para las actividades de 2024 y 19,8 adicionales para cubrir los programas enfocados en las víctimas de las violencias contra la mujer, donde se incluyen las violencias sexuales.

Presión por derroche
La presión emplaza a la ministra de Igualdad. Si bien promete «revisar y reforzar» los protocolos relacionados con los gastos ya la organización denuncia “derroche” de los recursos en iniciativas sin vinculación con la violencia contra la mujer.

 Revelan que «diferentes corporaciones locales continúan detrayendo recursos del Pacto de Estado para iniciativas ajenas, cuando no contrarias, a la lucha contra la violencia contra las mujeres».

Redondo intenta bajar el tono de la acusación de malversación hecho por las feministas con la emisión de una carta pública donde plantea que su despacho se dedicará a «identificar si se está realizando un uso indebido de los fondos y de ser así, se considerarán actividades no financiables y así se les comunicará a los organizadores».

Incluso, condena a “aquellas actividades que supongan un mal uso de estos fondos o que banalicen las políticas públicas destinadas a erradicar la violencia de género, la expresión más salvaje de la desigualdad entre mujeres y hombres”.

Sus palabras resuenan poco. Redondo arrastra además el rechazo al cartel del Ayuntamiento de Almería sobre la violencia sexual contra la infancia por incitar a un blanqueo de la pederastia utilizando fondos del Pacto de Estado.

La desconfianza y las dudas abundan en la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres no sólo ante la falta de acciones concretas por parte de la Delegación del Gobierno especializada para fiscalizar las iniciativas destinadas a prevenir “los comportamientos sexistas que alientan la violencia machista” sino también por las contradicciones en la gestión de la ministra.

Aunque Redondo anunció que revisaría los casos de fraude a la Ley Trans luego de hombres cambiar el género a mujer para obtener beneficios carcelarios, la medida, en ningún caso implica modificar la norma, impulsada la pasada legislatura por la izquierdista, Irene Montero.

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