En una decisión controvertida, cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) han emitido un voto particular en el que señalan que la anulación de la condena a la exministra socialista y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez por el ‘caso de los ERE’ causa un daño institucional difícil de reparar y supone un riesgo sistémico de impunidad.

 Estos magistrados, pertenecientes al ala conservadora del TC, argumentan que la sentencia de la mayoría progresista de la corte de garantías ha invalidado lo sentenciado sobre lo que, a su juicio, es la causa de corrupción más importante de la historia reciente de España.

Además, advierten que esta decisión implica una intromisión en la jurisdicción ordinaria y una usurpación de la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley.

Condena anulada por el TC
El TC ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte un nuevo fallo que excluya los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos y de modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002, 2003 y 2004. Esta decisión supone la anulación de la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a Magdalena Álvarez por un delito de prevaricación en el marco del ‘caso de los ERE’.

 Para los cuatro magistrados discrepantes, el recurso de amparo presentado por la exministra debió ser desestimado porque la condena no vulneró su derecho a la legalidad penal. Consideran que la sentencia de sus compañeros ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional y ha irrumpido en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria, suplantando la función del Tribunal Supremo.

Riesgo de impunidad y debilitamiento del Estado de Derecho
Según el magistrado César Tolosa, la decisión del TC consagra un inexistente principio de irresponsabilidad de los miembros del Gobierno, lo que sitúa a los miembros del Gobierno por encima de la ley y derrumba los propios fundamentos del Estado de Derecho. Además, advierte que esto incumple los compromisos internacionales adquiridos en la lucha contra la corrupción y genera un riesgo sistémico de impunidad.

 Tolosa considera que la sentencia de la mayoría cae en una argumentación ilógica y extravagante, al confundir una consejera con el Gobierno, apelar a las funciones del Gobierno para exonerar de responsabilidad penal a sus miembros por los delitos cometidos y reconocer a los miembros de gobierno impunidad contra lo dispuesto en la Constitución.

Por último, el magistrado sostiene que esta decisión debilita los fundamentos del Estado de Derecho, introduce causas de irresponsabilidad no previstas en la Ley, incurre en un exceso de jurisdicción que socava la posición institucional que la Constitución reconoce al Tribunal Supremo, debilita la persecución eficaz de los delitos de corrupción institucionalizada cometidos por el Gobierno o sus miembros y supone un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España frente a la corrupción.

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