La defensa de Begoña Gómez ha instado al juez Juan Carlos Peinado que no insista en investigar sus posibles vínculos con el rescate de Globalia después de que la Audiencia Provincial de Madrid acotara el objeto del procedimiento a los contratos adjudicados a la empresa Innova Next SLU de Juan Carlos Barrabés, el empresario que impulsó el máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense y a quien la esposa del presidente del Gobierno avaló por carta en las adjudicaciones investigadas.

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, recurre la decisión del instructor de solicitar a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) que aportase al juzgado, en relación con el rescate de Air Europa por parte del Fondo de solvencia a las empresas estratégicas, "los expedientes completos por los que se otorgaron las ayudas", así como "la documentación e información que, en relación a los mismos, permitan conocer su inicio, desarrollo, ejecución, financiación y toma de decisiones al respecto".

Pero el letrado asegura que esas ayudas a la empresa bandera del Grupo Globalia "no constituyen el objeto del presente procedimiento ni hay resolución judicial alguna" que así lo acuerde. En estas circunstancia, se queja, "parece absolutamente contrario a los principios que rigen el proceso penal que se pretenda investigar unos hechos" respecto a los cuales "no se ha incoado ningún procedimiento en el seno del cual investigarlos".

Y recuerda que la Audiencia Provincial calificó esta rama de la denuncia de "una simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales" entre Begoña Gómez y el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, y el empresario Víctor de Aldama, uno de los comisionistas de la "trama Koldo". Unas coincidencias que, eso sí -aseguró la Sala-, "hubieran merecido activar controles administrativos previos garantes de los principios de transparencia y buen gobierno".

 Para el abogado de Begoña Gómez en estas circunstancias "carece de fundamento la diligencia que ha sido acordada". Si los hechos no están siendo investigados en el presente procedimiento, subraya, "no cabe pedir una documentación que tiene que ver con la concesión de unas ayudas aprobadas en Consejo de Ministros" que, dada las condición de aforados de sus miembros, "ni siquiera estaría dentro de la competencia del presente juzgado para investigar los mismos".

La defensa de la esposa del presidente del Gobierno reitera "la prohibición en nuestro sistema procesal penal de las investigaciones prospectivas contra el investigado" en las que, remarca, "con la excusa de investigar un determinado hecho delictivo, en realidad, lo que se busca es inspeccionar en la vida del investigado para ver si otros delitos pueden ser descubiertos, todo ello partiendo del convencimiento personal de la fuerza investigadora sobre la criminalidad del sujeto".

De ahí que prevenga al instructor sobre la posibilidad de tratar de usar "las prerrogativas propias de una investigación penal" para "analizar toda la vida y obra" de Begoña Gómez.

 El abogado de Begoña Gómez -que está citada a declarar el próximo 5 de julio- también ha recurrido, como informó este periódico, la citación como testigo ese mismo día del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, un recurso en el que se quejaba de que la esposa de Sánchez está siendo sometida a "una investigación penal prospectiva que desborda injustificadamente los límites materiales del objeto" de la denuncia de Manos Limpias que dio origen a la instrucción.

En ese escrito, el letrado alertaba contra la existencia de una "causa general" contra ella porque, en su opinión, el juez Peinado no precisa por qué hechos se la investiga después de que la Audiencia Provincial de Madrid delimitara el objeto de la investigación en la resolución en la que avaló la apertura de diligencias por tráfico de influencias y corrupción a Begoña Gómez.

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