El Ministro para la transformación digital Jose Luis Escrivá ha anunciado  el nuevo sistema de acceso restringido a la pornografía que impondrá el gobierno acompañado de un anteproyecto de Ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales.

Este sistema aplicará sólo a accesos de navegación desde España y no queda claro si podrá penalizar webs europeas ya que tienen de plazo hasta octubre de 2027 para implementar la tecnología de comprobación que se propone.

El gobierno pretende mediante acuerdos con Movistar, Vodafone y otras proveedoras de internet bloquear sin supervisión judicial los accesos a webs sin el sistema gubernamental instalado, de manera similar a como el sector de anuncios de servicios sexuales fue bloqueado el pasado otoño. 

 Desde StopAbolición queremos expresar algunos aspectos:

 1) Ninguna medida para regular el funcionamiento de Internet tiene posibilidades de éxito desarrollada desde el ámbito únicamente nacional. Internet es internacional y global por definición y como tal pretender gobernarlo desde un ministerio estatal es garantía de fracaso. 

 2) Ya han surgido avisos de que la privacidad no está sistemáticamente garantizada en la propuesta dado que las peticiones a través del certificado digital de la administración dejará un rastro muy claro del consumo del porno de la población. No saber qué webs y páginas se navegan no impide saber quién pide certificados, cuándo y cuántos. 

 3) Plantear medidas de control que son automáticamente inservibles al usar redes privadas virtuales (VPNs) parece una inversión de tiempo y dinero del contribuyente que parece no llevará a ningún objetivo perseguido. 

 4) El gobierno ha comprado claramente la idea lobista de que la pornografía es violencia en sí misma y genera en la población más agresiones sexuales y es el motor de más prostitución. Es una idea preconcebida sin base científica ni académica ninguna y realmente una proclama de ignorancia dado que la diversidad de la pornografía es tan amplia que aunar sus consecuencias en una única sentencia está fuera de toda credibilidad.

 Anticipamos algunas de las consecuencias de un intento de control torpe del entorno de Internet desde el gobierno:

 a) La nueva medida impulsará los medios de encriptación (uso de VPNs, uso de Telegram, proveedoras de internet alternativas) que dificultarán la persecución policial de todos los delitos penales generales. 

 b) De nuevo la pequeña empresa española del sector será la principal perjudicada de las medidas de su gobierno mientras a nivel internacional el impacto será nulo y a nivel usuario apenas apreciable. 

 c) Normalizamos aún más el bloqueo de navegación sin tutela judicial en el entorno online español. 

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