María Jesús Montero, ha sido citada por un juzgado de Madrid a un acto de conciliación con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, según han confirmado  fuentes jurídicas.

El acto de conciliación se da tras una reclamación de González Amador de 40.000 euros por las declaraciones que la ministra de Hacienda hizo el pasado 12 de marzo en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en la que pidió explicaciones a la presidenta madrileña por estar viviendo "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública" y que "se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia".

Montero también indicó que le parecía "llamativo" que Ayuso "tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntos causas de fraude, sean de mascarillas o de comisiones o de cualquier otra cuestión". Dijo además que "se lo tiene que hacer mirar" y le pidió que dé explicaciones "con normalidad" ya que suele ser "tan rápida" a la hora de contestar. "¿Por qué no responde a esta cuestión?", insistió.

La vicepresidenta primera del Gobierno reacciono así a una información que señalaba que la Fiscalía presentó una denuncia contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros, además de que la presidenta autonómica residía en un piso de un millón de euros que se pagó después de que Hacienda estuviese investigando a su novio.

No obstante, las informaciones no indicaban que el apartamento se hubiese pagado con los 350.000 euros presuntamente defraudadados, por lo que González Amador interpuso una demanda por intromisión en el derecho al honor e intimidad, según han confirmado esas mismas fuentes.

Con todo, el acto de conciliación es el paso previo antes de la interposición formal de una demanda de la pareja de Ayuso, por lo que cabe la posibilidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo para dar por finalizado el litigio.

 El equipo jurídico de González Amador ya anunció en marzo que estaba preparando una querella contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda por revelación de secretos, tras conocerse públicamente algunos de sus datos fiscales. Esa misma semana, Ayuso denunció que su pareja es "un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado" con el objetivo de buscar su "destrucción personal".

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