Pilar Sepúlveda García de la Torre, abogada en ejercicio desde 1988, pasó a formar parte de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en octubre de 2015. Hasta ese momento, su experiencia laboral se reducía a coordinar el Servicio a la Víctima de Andalucía en Sevilla y fundar la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género (FAMUVI).

Esta federación integrada por nueve asociaciones, que dice ser no gubernamental y sin ánimo de lucro pese a haber obtenido 352.136 euros en 2022 y 800.000 euros en 2024 del erario público, resulta confusa desde el momento en el que accedes a la web —ya que tan sólo aparecen seis asociaciones pese a que dicen ser nueve—.

 Curiosamente, y pese a la gran cantidad de dinero del que disponen, la sección de noticias de su web está abandonada. De hecho, su última publicación es la promoción de un «concierto nacional contra la violencia de género» que se celebró en Madrid el 7 de febrero de 2019. La anterior, el anuncio de que iban a convocar sus primeras Jornadas Nacionales sobre Violencia Sexual el 2 y el 3 de noviembre del 2018.

 
Tampoco están actualizadas las redes sociales. En X (antes Twitter) donde no llegan ni a 1.000 seguidores, su última acción se remonta a un simple ‘retuit’ el 30 de noviembre de 2022. En la sección de estadísticas, tratan de reflejar con poco esmero el problema de la violencia de género mostrando datos.

Sin embargo, tan sólo comparten tres gráficas de Andalucía y Valladolid sobre el número de atendidas y el perfil de los agresores. Datos que, por cierto, se remontan a 2016.

Si acudes al portal de transparencia y tratas de comprobar las cuentas de los años 2020 y 2021, la web da error. Eso sí, en la parte inferior de la página recuerdan que está subvencionada tanto por el Gobierno como por la Agenda 2030 y los fondos Next Generation.

Comprobando la trayectoria laboral de algunas de sus principales representantes, tampoco sorprenden sus declaraciones públicas. María Argentina Pereira, actual presidenta de la asociación en Asturias, concedió una entrevista al diario La Voz de Asturias en 2019 dejando este titular: «VOX nos conduce a la época franquista, a la mujer sumisa, a la esclava paridora al servicio del varón».

Dos años después, estaba reuniéndose con la entonces ministra Irene Montero para hablar sobre la nueva ley de libertad sexual, así como de las últimas agresiones. En septiembre quedaron en que tendrían una nueva sesión de trabajo. Y es que, según el Boletín Oficial de Asturias, esta mujer sufrió el embargo de unas fincas por varias deudas con Hacienda.

A favor de los indultos a Chaves y Griñán
La abogada mencionada al inicio que formó parte de la formación de esta sospechosa asociación, Pilar Sepúlveda García de la Torre, estuvo en el ojo de la polémica por ser una de las 4.000 personalidades que pidieron la medida de gracia para el expresidente de la Junta andaluza, José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por el delito de malversación en la sentencia de los ERE del Tribunal Supremo.

La vocal, propuesta en su día para el cargo por el PSOE, firmó un documento apoyando que el Gobierno conceda la medida de gracia al expolítico andaluz, de 76 años, para que no tenga que entrar en la cárcel; acción que afearon sus compañeros del CGPJ.

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