La ley de amnistía aprobada por el Gobierno con el objetivo de dar carpetazo a las causas judiciales y condenas derivadas del procés de los independentistas catalanes no ha pasado desapercibida en las cárceles de Galicia.

Quienes están privados de libertad por haber cometido delitos que nada tienen que ver con la política pueden verse discriminados por una norma que no ha pensado en ellos y ya hay quien ha dado el paso de pedir que se le aplique ese perdón para sí mismo.

Esto es lo que ha hecho un recluso que cumple condena en la prisión de O Pereiro de Aguiar, la única cárcel de la provincia de Ourense. Hace algunos días se dirigió a la magistrada para pedirle la anulación de su condena, aplicándole una norma que, según él, «nos pertenece a todos por igual».

 Así lo indica en la misiva, escrita de puño y letra del recluso. En ella le comenta a la togada que, a sus 54 años, ha cumplido ya la mitad de la pena de ocho años y medio de prisión que se le impuso, por lo que cree que es el momento de salir de la cárcel.

«Solo pido lo que el Gobierno aprobó», asegura el recluso, que incluso cita la Constitución española a la hora de hacer valer su derecho a beneficiarse de la normativa aprobada el pasado 11 de junio. «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social», recuerda el hombre para justificar su demanda.

En la carta el recluso también asegura que la cárcel lo ha cambiado para mejor, otra circunstancia con la que intenta convencer a la togada para que anule su condena y le permita quedar libre de cargos. «Yo ya aprendí cosas buenas y a dejar de lado todo lo malo de la delincuencia y hacer las cosas bien para no recaer nunca más», sostiene.

Asegura que su petición está formulada desde «el mayor respeto» antes de terminar la carta, despidiéndose de la magistrada con una bendición. «Reciba un cordial saludo», escribe.

Pero todo apunta a que de momento, y salvo permisos penitenciarios a los que pueda acceder porque así le corresponden, el preso seguirá en la misma situación. Según ha podido saber La Voz desde el juzgado penal de la ciudad de Ourense al que llegó la misiva ya se le ha contestado, haciéndole saber la magistrada que no tiene competencias para decidir sobre la amnistía. Eso es cosa del Gobierno central.

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