El contrato se realizó mediante cinco lotes, dos de los cuales fueron adjudicados a Globalia, el segundo y el tercero. Los adjudicatarios del mismo fueron el Ministerio de Defensa, Interior, Agricultura, Empleo y Seguridad Social, Fomento, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El lote tres se adjudicó a Asuntos Exteriores, Presidencia, Administración Territorial, Educación y Justicia; mientras el lote dos fue a parar a Economía, Industria y Competitividad, Energía y Turismo y Hacienda.

El contrato se licitó el 6 de octubre de 2017, según la licitación, pero no se llegó a adjudicar hasta el 8 de marzo de 2018. No obstante, en ese período se registraron 21 modificaciones, dos rectificaciones de modificación de contrato y otras dos en los pliegos del contrato.

Lo chocante del asunto son las fechas de las modificaciones. Por ejemplo, el 1 de febrero de 2019 se llevaron a cabo hasta seis modificaciones con tan solo veinte minutos de diferencia.

 Las modificaciones del contrato investigado por HazteOír en el caso Begoña Gómez
La primera de ellas se selló a las 08.50 horas de la mañana, la última a las 09.10 horas, según el registro público. El 6 de septiembre de ese mismo año, volvió a utilizarse el mismo mecanismo para modificar hasta en cuatro ocasiones dicho contrato con una diferencia de apenas seis minutos, entre las 11.42 y las 11.48 horas.

El 21 de marzo de 2022, otras tres modificaciones en solo diez minutos, entre las 10.30 y las 10.40 horas. Incluso el mismo día del anuncio previo de la licitación se realizó una modificación más, tan solo tres horas y media de su publicación, y se volvió a rectificar doce días después, según el registro.

La adjudicación a Globalia se realizó a través de Viajes Halcón, que se llevó un total de 106 millones de euros, divididos entre los 62,4 y 43,6 millones de euros del lote dos y lote tres, respectivamente.

El contrato fue después prorrogado y vuelto a modificar en 2022. Para HazteOír, estos cambios que tuvieron lugar desde 2018 «presentan serios indicios de poder ser irregulares». Según la acusación, la cifra total con las modificaciones y prórrogas, habría llegado a casi 215 millones de euros.

JAVIER HIDALGO, MÁS CERCA DE TESTIFICAR EN EL CASO BEGOÑA GÓMEZ
En este sentido, la acusación no centra el foco única y exclusivamente en los 475 millones de euros del rescate dado a Air Europa como consecuencia del cierre del espacio aéreo, sino que va encaminada por los vínculos entre Begoña Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno y especialmente por los nexos con Javier Hidalgo (Globalia y varias de sus fialiales), Barrabés (Barrabés.biz), IE Africa Center y la Universidad Complutense de Madrid por su cátedra extraordinaria, dirigiida por ella misma a pesar de no tener licenciatura y haberla apalabrado con el rector Joaquín Goyache Goñi en un despacho en La Moncloa.

 El caso está bajo la instrucción del juez del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, pero la acusación trata de aunar toda la instrucción con el Caso Koldo y el del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón o David Azagra, tal y como se presenta de forma profesional. En este sentido, esta ampliación de la querella puede dar pie a una nueva citación de Begoña Gómez ante el juez Peinado, pero también de Javier Hidalgo, pero este como testigo.

DECLARACIÓN DE REYES MAROTO Y UNA EX DE WAKALUA
A raíz de este contrato, HazteOír pidió la declaración como testigo de Reyes Maroto, mientras insta al juez a que se entreguen todos los contratos y sus borradores dadas a Wakalua y a la Organización Internacional del Turismo (OMT), así como al grupo Barrabés, Innova Next y al Africa Center.

Para conocer el alcance del contrato y su servicio, se ha pedido también el detalle de los vuelos, así como los viajes oficiales a República Dominicana desde la estancia de Pedro Sánchez al Gobierno.

Vox y todas las acusaciones del caso Begoña Gómez tratan de armar una vinculación con todos los casos de supuesta corrupción que rodean de forma directa a Pedro Sánchez, así como al PSOE con el caso Koldo. El PP, por su parte, esperará a septiembre para pedir las comparecencias de los altos cargos, incluida la de Pedro Sánchez, en la comisión del caso Koldo en el Senado.

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