La polémica en torno a la aplicación de la Ley de Amnistía en España continúa generando debate y controversia. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha criticado a los tribunales por lo que considera una «extralimitación» en la interpretación de dicha ley, reclamando que se ajusten al «tenor literal» de la misma.

 El ministro Puente ha defendido que el Gobierno «ha hecho lo que podía y lo que debía» en relación a la Ley de Amnistía, y ahora corresponde a los tribunales «hacer lo que corresponde, que es interpretar las leyes con arreglo, sobre todo a su tenor literal«. Sin embargo, esta posición del Gobierno ha generado fuertes críticas por parte de la oposición, especialmente del Partido Popular (PP).

El PP ha acusado al ministro de realizar «bravuconadas» contra los jueces y de no centrarse en sus obligaciones como ministro, como «arreglar los trenes«. Asimismo, han exigido una rectificación inmediata de Puente y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronuncie públicamente sobre el asunto. Incluso han denunciado la «gravedad de estas declaraciones y el peligro de las mismas«, acusando al Gobierno de usar al Tribunal Constitucional «para borrar al poder judicial«.

Los tribunales, por su parte, han tomado decisiones que no han sido del agrado del Gobierno.

Por ejemplo, el Tribunal Supremo ha rechazado perdonar el delito de malversación a los encausados por el proceso independentista catalán, al considerar que sí obtuvieron un beneficio personal y afectaron los intereses financieros de la Unión Europea.

Además, el Tribunal de Cuentas ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para determinar si aplica la amnistía en relación al presunto desvío de fondos para el 1-O y la acción exterior del ‘procés’.

En este contexto, el ministro Puente ha expresado su esperanza de que el Tribunal Constitucional se pronuncie y ponga «punto final» a la cuestión judicial del ‘procés’. Sin embargo, la oposición ha acusado al Gobierno de querer «controlar los tribunales» y «poner la justicia al servicio de sus intereses«.

En resumen, la interpretación de la Ley de Amnistía por parte de los tribunales ha generado un conflicto entre el Gobierno y la oposición, con acusaciones cruzadas y exigencias de rectificación. La resolución de este conflicto y la definición final de los alcances de la ley serán claves para el futuro del proceso independentista catalán y las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

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