La Comunidad de Madrid acaba de sancionar a dos trabajadoras sociales que habrían retrasado intencionadamente el informe de un hombre, víctima de denuncias falsas, que lleva cuatro años intentando recuperar a sus hijos.

Según las resoluciones, la primera de ellas, D.M.A. tendrá que hacer frente a una suspensión de empleo y sueldo durante un periodo continuado de dos meses y quince días, mientras que la sanción impuesta a la psicóloga encargada del caso, M.I.C.P. , se eleva a seis meses, al considerar que su "grado de intencionalidad", los graves daños causados al interés público y su grado de participación "obliga a penar la infracción en un grado máximo" dentro de lo que contempla la vía administrativa.

Ambas sanciones, que ya solo podrán ser recurridas en los juzgados, responden a la queja presentada por Juan, un policía nacional que lleva sin poder abrazar a sus pequeños desde 2020 por culpa de las terroríficas denuncias que su exmujer interpuso contra él por maltrato y abusos sexuales a sus propios hijos, algo que incluso le llevó a plantearse el suicidio. En 2022, logró que la Audiencia Provincial confirmase el archivo de todas ellas.

El juzgado que dirimía la custodia nombró entonces a un equipo psicosocial que debía entrevistar a todas las partes -padre, madre e hijos- para elaborar un informe imprescindible antes de que Juan pudiera volver a ver los menores.

Sin embargo, ese documento ha tardado otros dos años en ser elaborado, a pesar de los insistentes requerimientos de la jueza encargada del caso, lo que, tal y como constata la resolución de la CAM, "repercutió directamente en la situación familiar y afectiva del denunciante y de sus hijos, y presuntamente pudo ocasionar un daño irreparable a los derechos debidos a dos personas de 10 y 6 años de edad".

La confirmación del daño causado
No en vano, así ha sido, ya que, mientras la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia estudiaba el caso, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 9 de Madrid ha dictado sentencia sobre la custodia y Juan se ha visto claramente perjudicado por el retraso intencionado de ambas trabajadoras.

"Los menores no ven al padre desde hace cuatro años", esgrimía la jueza en la sentencia que da la custodia a la madre, al considerar "imposible establecer en este momento una custodia paterna, pues el vínculo paterno filial se encuentra seriamente dañado, debiendo en todo caso prevalecer el interés de los menores".

"Me siento estafado por la Justicia", reconocía Juan el pasado mes de junio sin lograr contener las lágrimas. Da igual que, tal y como reconoce el fallo, esa separación forzosa -ni siquiera ha podido hablar con ellos por teléfono en estos cuatro años- se deba a una "decisión unilateral de la madre"; ni que las demoledoras denuncias que ella interpuso contra él se hayan demostrado falsas.

"Al final se ha salido con la suya. Y, claro, yo entiendo perfectamente que si ahora vinieran a vivir conmigo podría ser otro trauma para ellos, claro que sí, pero el problema es que ese interés superior del menor al que apela la juez debería haber primado desde el principio", denuncia. Y, aun así, se pregunta: "¿De verdad el interés superior de mis hijos es estar con una persona que le ha metido en la cabeza todas esas cosas contra mí?".

La psicóloga ya había sido apercibida por la juez
Tal y como recoge la resolución administrativa, la psicóloga ahora sancionada fue designada el 21 de junio de 2022. Sin embargo, tardó ocho meses en citarles a todos para empezar a elaborar el informe preceptivo para dirimir la custodia a pesar de haber recibido hasta dos requerimientos por parte de la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 9 de Madrid.

El 4 de mayo de 2023, ya realizadas las entrevistas, la magistrada tuvo que volver a dirigirse al equipo psicosocial para reclamar un informe que seguía sin llegar, bajo amenaza de comunicar el retraso injustificado al Instituto de Medicina Legal y Forense de la Comunidad de Madrid, algo que finalmente no tuvo más remedio que hacer.

Con fecha de 9 de junio, el citado organismo comunicó al jefe de Sección de Psiquiatría y Equipos Sociales lo sucedido y éste se comprometió a enviar el informe la siguiente semana. Sin embargo, dicha promesa nunca llegó a cumplirse. La Comunidad de Madrid siguió reclamándolo y es entonces cuando descubrió que la trabajadora ha ido cogiéndose distintas bajas "por incapacidad laboral transitoria", situación en la que se encuentra actualmente.

 La "complicidad" de los equipos psicosociales en las denuncias falsas por violencia de género
En todo caso, descontando dichas bajas, así como días inhábiles, el Gobierno regional subraya que "la trabajadora denunciada ha dispuesto de cinco meses y medio para elaborar y emitir al juzgado el informe", por lo que la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia ha acordado sancionarla por una infracción "en su grado máximo" a tenor del grave perjuicio que su dejación de funciones ha ocasionado a este padre, pero también y, sobre todo, a sus dos hijos pequeños.

El inicio de las denuncias falsas
El calvario de Juan comenzó el verano de 2020, cuando tras varias discusiones le planteó a su exmujer el divorcio. Tras un intento frustrado de reconciliación, llegó la primera denuncia, basada en un parte de lesiones en el que ni siquiera aparecían fotografías.

"La paciente relata varios episodios de violencia física desde hace seis años. Relata que le da patadas, la empuja, la zarandea, le tira de los pelos, la amenaza con hacerle daño a ella y a sus hijos, que les quiere quitar de en medio —escriben los peritos—. Refiere, además, que también ha agredido a sus hijos, tirándoles del pelo y pegándoles, dándoles golpes con la cabeza contra la mesa".

El tono de las denuncias, sin embargo, fue a más para sorpresa de Juan, pero también para amigos y vecinos, quienes no daban crédito a la vida que su exmujer describía y de la que jamás habían sido testigos. Ante los agentes, describió auténticas palizas que habrían tenido lugar desde que nació su hijo mayor, con golpes contra la pared y patadas en las piernas, así como malos tratos hacia los niños, a los que, además, según esgrimía, "les tocaba el culo de manera reiterada" e incluso "se masturbaba en el baño después de hacerlo".

La mentira que más le dolió a este padre, sin embargo, fue la frase con la que, según su exmujer, le habría respondido tras reprenderle por esta actitud: "O te callas o le violo delante de ti y tú miras".

Meses después, la joven ampliaría la denuncia, añadiendo expresiones dedicadas a los niños como "ese culito" o "ese rabito", supuestos golpes brutales contra la trona a los pequeños, a los que dice que su marido llegó a apuntar con la pistola, golpes con un cinturón o con la porra e incluso amenazas de tirarles por la ventana.

"Os voy a pegar un tiro a los niños y a ti, y os tiraré a los jabalís para que os caguen, que no dejan ni rastro", apunta que dijo en una ocasión. A ello se suman acusaciones de consumo y tráfico de drogas, de proxenetismo, de intentar envenenarles a ella y a los niños, de intentar asesinar a su hermano y a su propia familia, de tenerla vigilada con cámaras y micrófonos e, incluso, de pagar cinco euros a un compañero de clase de su hijo mayor para que le pegara.

Todas las acusaciones -una "denuncia falsa de libro", según Juan- fueron desmontadas por la Justicia. "Se exploró al hijo de las partes, Rodrigo, no resultando de la misma indicios de que hubiera sido testigo de agresión alguna ni víctima de malos tratos o abusos sexuales por parte de su padre.

Se ha procedido a oír a todos y cada uno de los testigos que la denunciante mencionó en sus declaraciones y denuncias, no aportando ninguno de ellos ningún dato relevante para el esclarecimiento de los hechos, avalando incluso alguno de ellos la tesis del investigado", concluye el auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 9 de Madrid, que hace hincapié, además, en las "versiones contradictorias" que ofrece su exmujer.

Sus argumentos fueron avalados punto por punto por el fiscal del caso y ratificados por la Audiencia Provincial, que en junio de 2022 dictó el archivo definitivo.

Ahora, Juan la ha llevado a ella a los tribunales por denuncia falsa. Sin embargo, el daño ya está hecho. "¿Te imaginas lo que es tener una vida completamente normal y que, de un día para otro, tu pareja te acuse de algo tan grave?

Han destrozado mi vida y la de mis hijos", insistía entre lágrimas en la entrevista que concedió a LD en noviembre de aquel año. Sus vecinos, con los que también pudo hablar este periódico, le defendían a capa y espada y confiaban en que pudiera recuperar a sus hijos cuanto antes. Cuatro años después, ese día aún está por llegar.

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