Fiscalía propone rebajar las penas para delitos de odio en la Red y recomienda multas o trabajos para la comunidad

La Memoria, correspondiente al año 2023, revela que la Fiscalía propone rebajar las penas para los delitos de odio cometidos a través de medios de comunicación social, Internet o tecnologías de la información

Fiscal General

En un momento crucial donde los delitos de odio han escalado en España, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha presentado una Memoria con propuestas innovadoras para abordar este complejo fenómeno.

 La Memoria, correspondiente al año 2023, revela que la Fiscalía propone rebajar las penas para los delitos de odio cometidos a través de medios de comunicación social, Internet o tecnologías de la información. En lugar de las severas penas de prisión, la Fiscalía sugiere considerar alternativas como multas o trabajos comunitarios.

La Necesidad de Proporcionalidad en las Penas
La Fiscalía argumenta que, si bien estos delitos «objetivamente fomentan, promueven o incitan al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia», tienen una «menor entidad» y no merecen un «reproche tan elevado». En este sentido, considera necesario modificar el «severo» régimen punitivo previsto en el Código Penal, que actualmente alcanza hasta cuatro años de prisión.

Según la Fiscalía, muchos de estos casos son cometidos por «personas comunes», es decir, no pertenecientes a grupos u organizaciones criminales, que insertan comentarios «profundamente ofensivos o humillantes» en las redes sociales de forma «impulsiva e irreflexiva». En estos casos, los autores a menudo estarían dispuestos a reconocer los hechos, incluso en el propio servicio de guardia.

Alternativas a la Prisión
La Fiscalía propone la posibilidad de penas de prisión de inferior duración a las ya previstas, o penas diferentes a la prisión, como multas, pérdida de derechos políticos o trabajos en beneficio de la comunidad. Estos trabajos podrían estar relacionados con el delito cometido y permitir la reinserción social mediante el conocimiento y la aceptación de las víctimas, como la obligación de visitar memoriales del Holocausto o desempeñar actividades en entidades y colectivos que representan a las víctimas.

Además, la Fiscalía destaca que el legislador ha previsto una obligatoria pena de inhabilitación especial para profesiones u oficios educativos, deportivos o de tiempo libre, con una duración de tres a diez años.

Lucha Enérgica Contra los Delitos de Odio
Por otro lado, la Fiscalía denuncia «inadmisibles expresiones o discursos de contenido racista, xenófobo y homófobo» dirigidos especialmente contra jugadores de fútbol, lo que ha dado lugar a la incoación de diligencias de investigación preprocesal o de procedimientos judiciales.

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La Fiscalía manifiesta su «máximo compromiso institucional» para la «efectiva y enérgica persecución» de estos delitos, ya que consideran que los insultos racistas, xenófobos, homófobos y de cualquier otra naturaleza discriminatoria realizados ante miles de espectadores comportan una «grave humillación pública» que lesiona la dignidad de los afectados.

 Finalmente, la Fiscalía critica la falta de estadísticas que permitan conocer la dimensión cuantitativa y cualitativa de los delitos de odio y discriminación, lo que dificulta el diseño e implementación de medidas eficaces para su lucha. La Fiscalía señala que «las estadísticas son imprescindibles para tener un conocimiento real de los delitos que se cometen» y poder «poner cifras al sufrimiento humano».

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