El juez ordena marcar las copias de la declaración de Sánchez para tratar de evitar filtraciones

Juan Carlos Peinado trata a toda costa de que las imágenes de Pedro Sánchez negándose a declarar en la causa contra su mujer vean la luz pública

Begoña Gómez

Juan Carlos Peinado trata a toda costa de que las imágenes de Pedro Sánchez negándose a declarar en la causa contra su mujer vean la luz pública.

El juez del caso contra Begoña Gómez, en una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso este periódico, anuncia su intención de comenzar este mismo lunes a distribuir entre las diferentes partes personadas en estas diligencias previas los interrogatorios de este mediático caso, entre ellas la brevísima comparecencia del presidente del Gobierno en un despacho de Moncloa el pasado 30 de julio.

 Sin embargo, en ese mismo documento ordena a los técnicos de 'Madrid Digital', empresa encargada de la grabación del jefe del Ejecutivo, que hagan "copias debidamente identificadas" de las palabras de Sánchez.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que no ordena poner 'marca de agua' al resto de interrogatorios que va a facilitar a las partes a partir de las 12 horas del próximo 9 de septiembre, con su decisión de identificar las copias de la comparecencia de Sánchez trata de blindarse contra las acusaciones del propio presidente y de su mujer, quienes en sus querellas por prevaricación judicial contra el propio Peinado insinúan que es el juez quien está dando pie a las filtraciones de las actuaciones de este procedimiento para que acaben en los medios de comunicación.

De hecho, además de prevaricación, la defensa de Gómez acusa al instructor de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y de revelación de secretos de particular por funcionario público.

Precisamente, la Abogacía del Estado, en nombre de Sánchez, amplió a finales de agosto su querella contra Peinado poco después de que el 22 de agosto el magistrado diera luz verde a que las partes de este proceso (Fiscalía, imputados y las acusaciones populares de Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír y Manos Limpias) a que accedan al interrogatorio de Sánchez al entender que del "silencio" del presidente se pueden extraer "conclusiones".

El juez Peinado rechazó la petición de la Fiscalía de no dar acceso a las partes a la declaración de Moncloa al considerar que la grabación "carece de cualquier utilidad, material o procesal". "A fin de evitar filtraciones y que la misma acabe divulgada de forma improcedente, entendemos que la entrega de copia de la grabación referida a las partes no debería producirse", reclamaba entonces el fiscal.

En esa misma línea, el propio Sánchez en su ampliación de querella denunció que "lo verdaderamente buscado con estas actuaciones en todo lo que atañe a la Presidencia del Gobierno es darle una publicidad que precisamente es incompatible con el régimen de toma de declaración en estos casos y no la eficacia procesal o investigación alguna, partiendo de inferencias donde no puede haberlas o haciendo interpretaciones forzadas o artificiosas de preceptos legales o principios procesales".

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 Peinado, en su resolución no da fecha de la distribución de la grabación de la declaración del presidente porque está a la espera de la marcación de las copias, pero ya anuncia que el lunes va a facilitar las cintas de del resto de declaraciones practicadas tanto en julio como en agosto, entre ellas las de los tres imputados: Gómez (en su segundo interrogatorio), la del empresario Juan Carlos Barrabés y la del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache.

También se distribuirán el lunes los vídeos de las testificales de la exdirectora de Wakalua Leticia Lauffer; del consejero delegado (CEO) de Barrabés, Luis Miguel Ciprés; del subdirector de la Fundación Caixa, Marc Simón; o del consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal.

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