La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debe decidir si imputa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Pero antes, se da la paradójica circunstancia de que la Fiscalía debe trasladar un informe al alto tribunal posicionándose a favor o en contra de imputar al más alto cargo de la institución.

Este paso, que no deja de ser un trámite necesario en todos los procesos penales, revela en este caso una situación sin precedentes, pues el texto lo redactará la número dos de García Ortiz, Ángeles Sánchez Conde, quien, según ha podido saber este periódico, rechazará la investigación a su jefe.

"El criterio de la Fiscalía es muy claro", indican fuentes del Ministerio Público, y de hecho ya se ha plasmado en episodios anteriores del procedimiento. La propia Sánchez Conde impuso el criterio de rechazar la admisión a trámite de la querella que dio lugar a la apertura de la causa.

Y ahora, relatan las fuentes consultadas, la teniente fiscal del Tribunal Supremo informará en contra de la imputación de Álvaro García Ortiz. El envío del informe "no se demorará mucho", aunque no hay certezas de que vaya a aterrizar en el Tribunal Supremo la semana que viene.

La querella del novio de Ayuso
La causa que amenaza con poner a García Ortiz frente al precipicio dio el pistoletazo de salida hace cinco meses, a comienzos de marzo, cuando el novio de Isabel Díaz Ayuso presentó una querella contra la Fiscalía Provincial de Madrid por un presunto delito de revelación de secretos. Lo que había revelado un escrito de la Fiscalía era la situación procesal en la que se encontraba el novio de Ayuso, Alberto González Amador, investigado por presunto fraude fiscal y falsedad documental.

En los días anteriores a la emisión de esta nota se publicaron varias informaciones sobre un supuesto pacto de conformidad que el Ministerio Público había propuesto a la defensa de Amador para eximirlo de una eventual pena de prisión. Y el comunicado desmentía esas noticias: había sido el abogado de González Amador el que propuso un acuerdo a la Fiscalía a través de varios correos electrónicos.

Al considerar que esa nota vulneraba su derecho a la defensa, el novio de Ayuso decidió querellarse contra la Fiscalía.

El posicionamiento de la Fiscalía
Este fue el primer momento en que la institución tuvo que posicionarse. La encargada de hacerlo era la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid María de la O Silva, que era partidaria de admitir a trámite la querella. Pero la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, le impuso rechazar la admisión. Silva invocó la aplicación del artículo 27 del Ministerio Fiscal, dando pie a que el asunto se debatiera en la Junta de Fiscales de Sala.

Quedó impuesto por la mínima el criterio de Sánchez Conde y se designó al fiscal Francisco Javier Montero Juanes para asumir el caso en lugar de María de la O Silva. Se presentó un informe ante el TSJM contrario a la querella de González Amador. Aún así, el tribunal abrió una investigación que quedó en manos del magistrado Francisco José Goyena.

Y durante el curso de la investigación, el foco fue apartándose de los dos fiscales que firmaban aquel comunicado -Pilar Rodríguez y Julián Salto- para centrarse en el fiscal general del Estado, responsable último de la publicación de aquella nota de prensa.

Tal y como ha admitido el propio García Ortiz, fue este quien dio la orden expresa de difundir el comunicado. Lo ordenó por escrito a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, indicando a su subordinada que era "imperativo" publicar la nota.

 Posteriormente, García Ortiz ha defendido su actuación, motivada según dice por la necesidad de "poner fin a un bulo", e incluso llegó a pedir al magistrado Goyena que elevara una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando su imputación. Finalmente lo hizo el 5 de julio.

"La declaración [de Álvaro García Ortiz] no puede ser asumida por este Instructor, al venir aforado el fiscal general del Estado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", indicó Francisco José Goyena.

Y añadió que "la práctica de diligencias adicionales sin su presencia o participación en el proceso, podría causarle indefensión por cuanto, de resultar en alguna medida incriminatorias en su contra, no estarían sometidas a los principios de contradicción y defensa".

A García Ortiz, al menos según expresó él mismo, el paso le resultó "coherente" dada la falta de competencia del TSJM para investigarlo. De forma que la elevación de una exposición razonada no debía impedir "el normal funcionamiento" de la Fiscalía, y según anticipó Ortiz, tampoco iba a ser motivo de dimisión.

Pasado agosto, un mes inhábil en los tribunales, la llegada de septiembre ha reactivado la causa. Este mismo lunes, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo solicitó a la Fiscalía el informe en el que debe posicionarse sobre la posible imputación de García Ortiz. Una posición que no será vinculante para la decisión final que deben tomar los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela.

El Ministerio Fiscal -y en concreto, Sánchez Conde-, debe pronunciarse sobre la exposición razonada, pero también sobre las denuncias que han presentado Manos Limpias y la fundación Foro Libertad y Alternativa. Los argumentos de la Fiscalía "serán más o menos los mismos" que trasladó el fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, tras reemplazar a María de la O Silva.

Y una vez se hayan expuestos, el Supremo tendrá que designar un ponente que deberá estudiar la admisión a trámite. No hay un plazo establecido para realizar esta tarea, según aclara un magistrado del tribunal. "Pueden ser una, dos, tres semanas... Depende de la carga de trabajo del ponente", explica.

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