Lo ha dicho ante los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas reunidos en el Congreso a los que se ha dirigido con motivo del arranque del nuevo curso político.

Sánchez ha destacado que ese plan "emana" de la Constitución, "que defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz", y también de las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y por la propia Comisión Europea. Por eso, ha dicho confiar en que cuente con el apoyo de "todos los demócratas" del país.

"No se entendería que en Estrasburgo aprueben unas cosas y luego aquí, en el Congreso de los Diputados, voten en contra de esas mismas cuestiones", ha deslizado en referencia al PP.

Según el presidente, ese plan de acción ayudará a "dotar de más transparencia, más pluralidad y mayores garantías" a las Cortes Generales y al "ecosistema informativo" y servirá a hacer frente a la "desinformación" y la "máquina del fango" que asedian a la democracia.

Ni en el anuncio de este martes por parte del presidente, ni en las ocasiones previas en las que Sánchez u otros ministros han hecho referencia al mismo, nadie ha dado mucho detalle de como iba a ser este plan. Ni tan siquiera se han filtrado detalles en su proceso de redacción, con asociaciones de prensa directores de medios afines como ponentes.

Un proceso que se ha llevado con mucho sigilo. Sí se sabe, por ejemplo, que una de las obligaciones que tendrán los propietarios de los medios en España es hacer público el nombre de todos los accionistas y como se financian las empresas.

El primer medio cerrado por el PSOE ha sido la radio de Impacto España Noticias, al igual que Oscar Puente ha solicitado via judicial el cierre de este medio.

También se limitará la publicidad institucional en aquellos medios de comunicación que, según los expertos que han redactado el plan, no se ajusten a los estándares de información que se requieran.

Lo que puede poner en un serio riesgo la viabilidad de muchas empresas y beneficiar aún más a todos aquellos que son amables con el poder. Otra de las cuestiones que se podría incluir, a falta de conocer los detalles, son una reforma de las leyes de rectificación y del derecho al honor, que ambas son de los años 80.

La línea roja de algunas de las normas que se incluirán, que chocan con el derecho a la libertad de expresión, pueden provocar que el plan no cuente con los apoyos parlamentarios dado la frágil mayoría del Gobierno de coalición.

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