Ya hace mil novecientos años que Cayo Cornelio Tácito –historiador romano- dijo aquello tan cierto de que ”cuanto más corrupto es el estado, más leyes tiene”.

En Españistán se calcula que el número de leyes y decretos ronda el millón. No hay más que añadir.

La Inmaculada Constitución “garantiza” la “seguridad jurídica”. Pero es imposible que haya seguridad cuando hay incertidumbre. Y cuando el número de normas es tal que resulta absolutamente inasumible conocerlas, incluso para la mente más privilegiada, sin conocerlas es imposible cumplirlas. Luego la “seguridad jurídica” es una quimera. Un brindis al sol. 

Porque esa incertidumbre legal es el campo abonado para los corruptos, que desde su cuota de poder incumplen las normas que les da la gana, mientras nos obligan a los demás a cumplir las que ellos les apetecen, sancionándonos severamente a su capricho.

Y así nos encontramos actualmente con casos sangrantes de corrupción impunes, y con infinidad de denunciantes represaliados de los modos más crueles.

Vaya por delante un axioma, por si alguien no se había dado cuenta: la corrupción política que vemos (y sobre todo la que aún no hemos visto, pero sabemos que está ahí) sería imposible sin su correspondiente corrupción judicial. No hay más preguntas, señoría.

Y para ignorantes, mencionaré unos pocos botones de muestra, obviando las dos represalias que sufro actualmente (de la A.N. y el T.S.), para que no se diga que tengo un ombligo muy grande.

La juez Dª Coro Cillán lleva desde 2014 ingresada en un centro psiquiátrico, desde que se le ocurrió la funesta idea de reabrir el caso 11-M.

El juez D. Fernando Presencia lleva en prisión, al parecer sin sentencia firme –algo inaudito por ilegal-, desde junio de 2023, por tener la mala ocurrencia de denunciar la corrupción de sus colegas.

El médico forense D. Manuel Jesús Rodríguez lleva desde el 13 de junio ingresado en prisión, en primer grado (sin derecho a salidas), supuestamente cumpliendo una condena de 6 meses (ya ha cumplido más de la mitad), y sin antecedentes penales. Todo esto, en teoría, incumple lo dispuesto en el art. 80.1 del Código Penal y los arts. 100 y ss del Reglamento Penitenciario. Su verdadero delito es haber denunciado la corrupción de médicos, políticos, jueces, fiscales y otras autoridades.

El beligerante médico y abogado D. Gabriel Ruiz García ya se ha visto en tres juicios que se pueden considerar simples represalias. “Afortunadamente” ha conseguido ser absuelto en dos de ellos y condenado en el otro a “solo” seis meses de prisión. Esperemos que gane el recurso presentado y que, a diferencia de su colega D. Manuel Jesús, no llegue a ingresar en prisión.

Para terminar esta lista, que podría ser interminable en esta m… de país, me pregunto por la suerte de las 11 personas encausadas por haber difundido el tristemente famoso caso “Bar España”. Porque, al parecer, nunca se ha investigado en serio el fondo del asunto, es decir, evitando las presiones sobre los testigos, pero todas las autoridades, particularmente las judiciales, lo dan por falso, lo que anticipa un mal pronóstico a los que están encausados por haberle dado difusión.

Siguiendo el argumento de Tácito, casi podemos afirmar que el problema de Españistán es, no solo el exceso de leyes, sino que cada vez tenemos más de ellas para “luchar contra la corrupción”.

Como ocurre con la Ley 2/2023 de “desprotección” de denunciantes de corrupción, que aprobada con más de un año de retraso respecto al mandato de la UE, lleva año y medio durmiendo el sueño de los justos, tras haber “entrado en vigor” (a cualquier cosa llamamos en Españistán “entrar en vigor”).

Resumiendo, no me creeré que nadie luche en serio y de verdad contra la corrupción, como no incluya en su programa la derogación del 90 % de las leyes actuales, y la defensa de los denunciantes actualmente represaliados.

¿Me oyes, Alvise?

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