El Gobierno quiere regenerar una democracia que, según el propio Gobierno, está entre las más asentadas del Planeta. Seis años después de llegar a la Moncloa, Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que a nuestra democracia le hacían falta algunos retoques.

Hoy, el Consejo de Ministro ha aprobado ese castigo, al que ha bautizado con el pomposo nombre de Plan de Acción por la Democracia.

El Plan es un cajón de sastre en el que se han metido muchas cosas para esconder su verdadero objetivo: amordazar a los medios de comunicación críticos con el gobierno.

Por ejemplo, se ha decidido endurecer el reglamento del Congreso con mayores sanciones para los diputados que no declaren sus bienes; se establece la obligatoriedad de hacer un Debate del Estado de la Nación una vez al año; se modifica la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General) para que sea obligatorio realizar debates electorales; se compromete a modificar la llamada ley mordaza o la ley de Secretos Oficiales...

También se eliminarán del Código Penal los delitos que afectan a la libertad de expresión como, por ejemplo, los delitos contra los sentimientos religiosos. A partir de ahora, se podrá insultar a todo tipo de santos, vírgenes, e incluso a Dios mismo -espero que esa medida afecte a todas las religiones y no exclusivamente a la católica-, pero se extreman las cautelas a los medios para informar.

Este es, y no otro, el objetivo del Plan de Acción Democrática, que respecto a la llamada "máquina del fango" contempla:

1º Limitar la financiación de las administraciones públicas a los medios.

2º Limitar la concentración de medios.

3º Reformar la ley Orgánica 1/1982 de protección del derecho al honor, a la intimidad persona y familiar y a la propia imagen.

4º Reformar la ley Orgánica 2/1984 que regula el derecho de rectificación.

5º Establecer criterios de transparencia en la asignación de publicidad a los medios de comunicación.

Obsérvese que no hay en el Plan concreción sobre esas medidas, pero está claro que apuntan a un endurecimiento de las penas para los delitos relativos a la vulneración del derecho al honor y para que el derecho de rectificación actúe de manera exprés.

El Gobierno limitará la publicidad institucional a los medios que considere que publican bulos y endurecerá el Código Penal para proteger el derecho al honor

Se trata, por un lado, de restringir la publicidad institucional -de comunidades autónomas o ayuntamientos- a medios que el gobierno considere que forman parte de la "máquina del fango", y de utilizar el Código Penal como un mecanismo de disuasión, para que los medios establezcan una especie de censura previa ante la posibilidad de que una información comprometida pueda poner en juego el futuro del propio medio.

Es decir, que, por un lado, el Gobierno se pone estupendo a la hora de despenalizar los delitos contra los sentimientos religiosos, pero, al mismo tiempo, endurece el Código Penal para las noticias que puedan suponer menoscabo del honor y para agilizar el derecho de rectificación.

Esta batería de medidas contra los medios -esto sí que es una ley mordaza- está impulsada directamente por el presidente del Gobierno y tiene que ver con las noticias que afectan a su esposa y que han llevado al juez Juan Carlos Peinado a investigarla por presuntos delitos de corrupción.

Esto que digo no es una deducción, ni una especulación, sino que fue Pedro Sánchez quien en su carta a la ciudadanía del mes de abril en X, en la que amagaba con dimitir, establecía una relación causa efecto entre las informaciones que afectaban a Begoña Gómez y la puesta en marcha de un plan para acabar con la "maquina del fango".

Habrá medios que aplaudan estas medidas y periodistas que las jaleen en tribunas y tertulias. Son aquellos a los que el ministro Urtasun ha calificado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros como los "verdaderos profesionales". Ellos serán premiados.

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