Al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se le agota el margen de maniobra para ignorar que el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ocupa el primer puesto de la lista de méritos para ascender a general. En los próximos meses está previsto el pase a situación de reserva de dos generales de brigada en la cúpula de la Benemérita. Marlaska deberá pasar por encima del restituido coronel De los Cobos, el hombre que dirigió la respuesta policial al 1-O, para evitar su ascenso.

El ministro ya tiene sobre la mesa de su despacho la última lista actualizada de coroneles que cumplen todos los requisitos para acceder al generalato de la Guardia Civil. Un grupo de 35 altos mandos de la Benemérita al que sólo se accede cuando queda una vacante libre por un pase a la reserva. Una jubilación.

En 2021, a través del catálogo oficial de empleos de la Guardia Civil, está previsto que pasen a la reserva dos generales de Brigada de los 22 que hay actualmente en servicio. Se trata de Santiago Caballero Mendaña, al frente de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad, y José Hermida Blanco, jefe de la VI Zona de la Guardia Civil (Valencia).

Ambos tienen marcada su fecha de cese para el próximo 22 de septiembre, fecha para la que la Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior tendrán que tener previsto su relevo. Toca ascender a al menos dos coroneles de esa lista en la que De los Cobos sigue siendo número uno por méritos.

Un mérito de 9,81 sobre 10

 A De los Cobos se le apartó de la carrera al generalato en mayo de 2020. Fue purgado de su puesto por negarse a compartir información sobre la causa judicial abierta contra la Delegación del Gobierno de Madrid por permitir el 8M. El pasado mes de abril, un juez le dio la razón: su destitución había sido ilegal, pero Interior ha recurrido la decisión. Aún no se le ha restituido en su puesto, pero su posición en el ránking de coroneles sigue siendo la misma.

En la Guardia Civil se habla abiertamente de su «impecable» hoja de servicio. Unas calificaciones que figuran incluso en la propia sentencia que le rehabilita: «Durante el período de desempeño del Mando de la Comandancia de Madrid, no recibió reproche o reprobación de ninguna clase por parte de sus superiores. Por el contrario, en las calificaciones anuales a las que todo Oficial de la Guardia Civil está sometido por parte de sus mandos, en las que se valoran un total de 24 parámetros, tales como la integridad, la disciplina, el compromiso o la responsabilidad, entre otros, el coronel era de los mejores».

«De los Cobos fue calificado por sus superiores durante los dos años en los que ha ejercido el Mando de la Comandancia de Madrid con una puntuación global de 9,76 y 9,81 sobre 10, lo que indica la altísima valoración de sus superiores sobre su actuación profesional en esa responsabilidad», concluía la sentencia.

El nº 3, también desplazado

La purga que Grande-Marlaska inició hace ya más de un año en la Guardia Civil con la destitución fulminante del coronel Pérez de los Cobos ya ha quedado completada: no queda ningún teniente general en la cúpula que no haya sido nombrado por el ministro socialista. El último, el teniente general Francisco Díaz Alcantud, jefe del Mando de Personal (el número tres de la Benemérita), dejó su cargo la pasada semana. Su pase a la reserva estaba previsto para dentro de seis meses.

Así figura en el Boletín Oficial del Estado, en el que el Ministerio del Interior hace oficial el cese del teniente general Alcantud «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». El cese se produce «a propuesta de la directora general de la Guardia Civil y con la conformidad del Secretario de Estado de Seguridad».

Con la de Alcantud ya son tres las salidas que se han producido en un año en el escalafón más alto de la Guardia Civil. Un proceso que se inició con la purga del coronel Diego Pérez de los Cobos por negarse a compartir información con el Ministerio y con el Gobierno de Pedro Sánchez sobre el proceso de investigación judicial abierto contra la Delegación del Gobierno de Madrid por permitir las marchas del 8M en 2020 pese a las advertencias sanitarias por el coronavirus. La decisión, como admitió la directora de la Guardia Civil, venía directamente de Moncloa.