El homenaje a las víctimas de la pandemia en el Palacio Real ha reunido en una conversación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al del CGPJ, Carlos Lesmes, y a la recién nombrada ministra de Justicia, Pilar Llop. Dos poderes del Estado en orillas opuestas tras el varapalo del TC que ha declarado inconstitucional el confinamiento domiciliario del primer estado de alarma, el que entró en vigor el 14 de marzo de 2020. Es el último encontronazo entre el Gobierno de coalición y el Poder Judicial que se suma a una larga lista de tensiones. 

La sorpresa inicial, -el Ejecutivo considera "inédito" ese fallo-, ha dado paso a la crítica abierta. La más dura ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, magistrada y con una relación muy estrecha con miembros del Tribunal Constitucional. Robles, que dice sentirse "muy orgullosa" de su actuación y la de todo el Gobierno que aprobó aquel estado de alarma, ha mostrado su respeto por el TC, pero a la vez le exige  "tener un sentido de Estado y saber cuál es la realidad".

Le recuerda que en el auto emitido el 30 de abril de 2020, el propio tribunal concluía que "el confinamiento era la única medida adecuada" para frenar la propagación del virus. 

La ministra de Defensa, en una entrevista en la Cadena Ser, ha ido más allá y ha cargado contra los magistrados del TC.  "Los debates y elucubraciones doctrinales están muy bien, pero quizá no deberían plasmarse en las sentencias", ha dicho Robles que considera que a veces los juristas y los jueces "van por detrás de la realidad social". El debate en el Constitucional ha sido intenso y la votación resultó muy ajustada, 6 votos a favor frente a 5 en contra. 

"Me duele que el Tribunal Constitucional haya entrado en ese debate", ha lamentado Robles. También denuncia que durante meses haya habido "filtraciones de los debates internos" que tenían los miembros de la institución que han "sembrado dudas" sobre el estado de alarma más de un año después de que se decretase la medida.  

Podemos: "Los jueces hacen oposición al Gobierno"
A la posición de Unidas Podemos le ha puesto voz su secretaria general y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Para ella, la decisión del TC demuestra que hay un "problema muy serio con la Justicia" porque son los jueces que son los que hacen "oposición al Gobierno". Los morados dicen a las claras que no comparten "para nada" la resolución aunque la respetan. En ese sentido, urgen a renovar el CGPJ y el resto de órganos constitucionales bloqueados por el PP. 

"Hicimos lo que teníamos que hacer, lo pienso firmemente", ha proclamado Belarra en TVE que insiste en el principal argumento esgrimido por el Gobierno, que el estado de alarma logró salvar cientos de miles de vidas y se pudo contener la primera ola.

Esa línea estratégica la marcó Pilar Llop, ministra de Justicia, a las pocas horas de conocer la sentencia. En una declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de La Moncloa, con tono grave, enfatizó que la situación en marzo del pasado año era de "extrema emergencia" y que el deber del Gobierno era tomar medidas "inéditas" con las que se salvaron 450.000 vidas en España.
 
Presidentes autonómicos como el valenciano Ximo Puig ha reivindicado "la efectividad" del estado de alarma para hacer frente a los estragos de la pandemia en sus territorios. Para el barón socialista, "el interés general está por encima del interés particular". 

Otro presidente, el extremeño Guillermo Fernández Vara, subraya que la sentencia no debe interpretarse como una "descalificación" sino como una "ayuda" para el futuro. Vara recuerda que en aquellos momentos hubo que gobernar "sin experiencias previas, sin jurisprudencia y sin sentencia del Constitucional". "Hubo que reescribir cada día un camino".  

La lista de desencuentros
La sentencia del TC cuestiona el método empleado para imponer el confinamiento, no el confinamiento en sí, que es lo que ha dado a entender el Gobierno con lo de las 450.000 vidas. Ni siquiera en eso parecen ponerse de acuerdo los representantes de ambos poderes, enfrentados una vez más.

 Las quejas por las palabras de Iglesias. Uno de los primeros choques fue por las palabras de Pablo Iglesias, siendo vicepresidente primero, poniendo en cuestión la sentencia del procés. Dijo que algunos tribunales europeos se habían posicionado en contra, y que eso era "una humillación para el Estado español". El CGPJ pidió "responsabilidad institucional" para evitar poner en duda "la independencia, imparcialidad y profesionalidad" de la Justicia.

Delgado, un viaje sin escala. El paso de Dolores Delgado, en 2020, de ministra de Justicia a Fiscal General del Estado se consumó a regañadientes del máximo órgano de poder de los jueces, que se limitó a decir que sí reunía los requisitos, pero sin pronunciarse oficialmente sobre su idoneidad. Es más, siete vocales del CGPJ, dejaron constancia su rechazo.

Lesmes y la filtración. También en 2020 y, por primera vez en muchos años, el rey no asistió a la entrega de despachos a una nueva promoción de jueces en Barcelona. Zarzuela había aceptado la invitación, pero no llegó a ir. Se interpretó que la ausencia la impuso el Gobierno como un "guiño" al independentismo, Al poco, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, reveló una charla privada con Felipe VI en la que supuestamente le dijo: "Me hubiera gustado ir".

 Las renovaciones bloqueadas. El telón de fondo de todo esto es la renovación de cargos del CGPJ, y el propio Tribunal Constitucional, cuyos miembros llevan años ejerciendo con el mandato caducado. El Gobierno y el PP han sido incapaces de ponerse de acuerdo, razón por la que PSOE y Podemos han promovido vías alternativas para lograr esa renovación sin el concurso ahora imprescindible del PP. 

Eso planes del Ejecutivo no han sentado bien en el poder Judicial.
En este ambiente y con estos antecedentes, llegaba este jueves la charla entre Sánchez, Lesmes y Llop en el Palacio Real. No ha trascendido lo que se han dicho.