Este miércoles el Tribunal Constitucional fallaba en contra del decreto del primer Estado de Alarma decretado por el Gobierno enntre marzo y junio de 2020. El fallo abre la puerta a que se anulen todas las sanciones interpuestas durante ese periodo y además, a que las que se abonaron tengan que ser devueltas. 

La Comunidad Valenciana es la tercera comunidad autónoma donde más sanciones se impusieron, 100.000, mientras que se detuvo a 922 personas por saltarse las restricciones. La cuantía de todas esas sanciones se eleva hasta los 14,1 millones de euros. 

De todas las sanciones realizadas, durante ese periodo se tramitaron 12.095 más otras 8.000 que esta en trámite. En total los valencianos sancionados abonaron 8,3 millones de euros en multas que ahora podrían recurrir y recuperar su dinero.

"La inconstitucionalidad anula al menos las multas que estén en trámite o pendientes de tramitar", aseguran desde el despacho de bogados Le Morne Brabant. "Las instituciones deberían facilitar un procedimiento sencillo para poder recuperar el dinero", asegura José Domingo Monforte, de Monforte Abogados.

En la misma línea, Monforte asegura que esos 8,3 millones de euros deben ser devueltos a los sancionados "así lo ampara el constitucional en la resolución, a falta de ver el texto completo", advierte. Del mimo modo afirma que los procedimientos iniciados para sanciones deben pararse al no tener ningún tipo de amparo legal.

La mayoría de las sanciones con las que han trabajado en Monforte Abogados son relacionadas con la movilidad. "La mayoría optaba por pagar, otros recurrían". Aunque en estos últimos casos la resolución final nunca era a favor del sancionado "era una sanción objetiva, no se puede estar aquí y el sancionado lo estaba", afirma.

Ahora, los sancionados que hayan abonado las multas deberán esperan a ver el texto completo de la sentencia que se publicará en los próximos días, para ver la posibilidad de anular el resto de multas impuestas, así como para valorar la posibilidad de reclamación patrimonial, por los daños y perjuicios causados.

En la Comunidad Valenciana los sancionados podrán recuperar los 8,3 millones de euros pagados. "Debe ser algo sencillo, accesible para todos y rápido", sentencia Monforte.