La dura reacción de todo Gobierno, no solo del sector de Unidas Podemos, contra el Tribunal Constitucional (TC) tras declarar éste inconstitucional el estado de alarma por la covid-19 tiene una razón de fondo: Pedro Sánchez y sus ministros temen ahora que el alto tribunal, en su actual composición, tumbe o matice, en el mejor de los casos, sus leyes estrella: la Ley Trans, la Ley de Libertad sexual contra los violadores -solo sí es sí-, y la Ley de Eutanasia, reconocen fuentes gubernamentales.

Incluso la reforma de Ley de Seguridad Nacional, que estaba preparando Iván Redondo antes de ser cesado como todopoderoso director de gabinete de la Presidencia del Gobierno y que aumenta de forma exponencial los poderes especiales del jefe del Ejecutivo en caso de grave crisis como la que vivimos desde hace casi año y medio, corre peligro. Es “muy probable” que también fuera paralizada en sus actuales términos por un TC que se muestra “hipergarantista”, en palabras de las fuentes consultadas.

Un Constitucional que, en palabras de la ministra de Defensa y magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, se dedica en sus sentencias a “elucubraciones doctrinales” sobre si el instrumento adecuado para llevar a cabo el confinamiento debió haber sido el estado de excepción, mucho más controlado por el Parlamento; una descalificación que ha sentado muy mal en la judicatura en general y en el Constitucional, que argumenta que se ha limitado a sentar jurisprudencia aunque haya sido en un fallo tan ajustado de seis magistrados contra cinco.

El malestar del Gobierno con este TC también quedó en evidencia durante el acto de homenaje a las víctimas de, covid-19 presidido por los Reyes este jueves en el Palacio Real, antes del cual se pudo ver departiendo a solas a Pedro Sánchez -rostro serio- con el presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas a propósito de la polémica sentencia, cuyos efectos de nulidad sobre las multas impuestas a los que se saltaron el confinamiento ahora habrá que dilucidar.

Carmen Calvo, que tenía hilo directo con el Constitucional, ya “tranquilizó” a las secretarias de Igualdad del PSOE con la idea de que el TC va a tumbar la ‘Ley Trans’ que ha sacado adelante Irene Montero con la aquiescencia de Pedro Sánchez.

Precisamente, González Rivas junto a Andrés Ollero, propuestos en su día como magistrados por el PP, fue dos de los cinco discrepantes con la sentencia; en cambio, la magistrada propuesta por el PSOE Encarnación Roca votó a favor de tumbar el estado de alarma. Roca ha llegado a denunciar que ya la ya ex vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo la telefoneó para presionarla a favor de que respaldara la constitucionalidad el decreto del Gobierno.

Ahora, las dudas que asaltan tanto en La Moncloa como en el PSOE es qué va a pasar con la Ley Trans y otras en las que, a poco que el TC se muestre igual de hipergarantista pueden ser declaradas inconstitucionales. De hecho, Calvo, que tenía hilo directo con el Alto Tribunal, “tranquilizó” a las feministas del PSOE en una reciente reunión de todas las secretarias de Igualdad de las federaciones; les dijo que Unidas Podemos y la ministra de Igualdad, Irene Montero, todavía no habían ganado ninguna guerra con la Ley Trans porque el Alto Tribunal va a tumbar el derecho de autodeterminación de género; por lo menos en los menores de edad.

Al Gobierno sólo le quedan dos caminos: atender tras este fallo del TC la insistencia de Unidas Podemos en cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y abrir así la ronda de renovaciones pendientes en órganos constitucionales, o convencer al PP de hacerlo ya con el sistema actual; de hecho, el pacto entre los dos grandes partidos estaba hecho, por lo menos, desde el verano de pasado y se llegó a nombrar oficiosamente presidente del Poder Judicial al presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, pero éste renunció en medio de una dura tormenta política PSOE/PP.

La UE ya advirtió hace meses al Gobierno contra la tentación de reducir la mayoría de elección de los órganos constitucionales, como quiere Podemos, y Sánchez lo ha descartado por temor a poner en riesgo los fondos europeos.

El saliente ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya descartó hace meses cambiar el sistema de elección como quieren sus socios morados para arrinconar al PP, porque eso supondría enfrentarse la UE y situar a España al mismo nivel que los antiguos países del Este, bajo la lupa de Bruselas por atentar contra el Estado de Derecho; y, por añadidura, pondría en riesgo la recepción de los fondos europeos.

Fuentes de la Dirección Popular consultadas se aferran a la recomendación de la UE de despolitizar de una vez por todas el CGPJ haciendo que, al menos, la mitad de sus miembros sean elegidos por los jueces: Algo de lo que, hoy por hoy, el PSOE no quiere oír hablar. Sí no es así, Pablo Casado no negociará, pero aunque lo hiciera para el Poder Judicial, advierten las mismas fuentes, las mayorías en el Tribunal Constitucional no iban a cambiar “de la noche a la mañana”.

En cualquier caso, el PP no se plantea renovar el Poder Judicial ni retomar la negociación con el PSOE hasta que empiece el nuevo período de sesiones parlamentarias, en septiembre/octubre y rechaza un pacto aprisa y corriendo antes del verano para satisfacer las “urgencias políticas” y dar un balón de oxígeno a un Pedro Sánchez que “lo que tiene que hacer es convocar elecciones generales para que los españoles se pronuncien”.

”El Gobierno anda diciendo que sí hubiéramos renovado el TC, la sentencia contra el estado de alarma habría sido otra y es mentira. Toca renovar al Congreso cuatro magistrados: dos a propuesta PSOE, y dos a propuesta del PP. De haber sido renovado el TC, ese fallo de inconstitucionalidad sale por más todavía, siete votos a favor y cinco en contra”, sostiene una fuente muy cercana a Casado.