VOX lleva al Tribunal Constitucional el decreto de Armengol que prevé vacunaciones forzosas, confinamientos y confiscaciones en Baleares

Un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19

VOX llevará al Tribunal Constitucional el Decreto 5/2021 del Gobierno de las Islas Baleares que entró en vigor el 7 de mayo. El Ejecutivo balear que preside la socialista Francina Armengol con el apoyo de Unidas-Podemos y Més per Mallorca (la marca blanca de Bildu en Baleares) pretende vacunaciones y confinamientos forzosos o confiscación de bienes, además del establecimiento de un “un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19”.

La portavoz y secretaria general del Grupo parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha anunciado el recurso: “VOX va a recurrir porque quiebra absolutamente el principio de igualdad de todos los españoles e invade claramente competencias del Estado. Las CCAA no pueden imponer las vacunaciones obligatorias o requisas temporales de bienes como impone esta normativa autonómica. No puede prever, como así prevé, que por parte de las autoridades sanitarias baleares se pueda ordenar el confinamiento de cualquier persona, sea positiva o asintomática”.

Olona ha añadido que “como ya hemos hecho en Galicia y el País Vasco, VOX da un paso al frente para defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos y en este caso de los de las Islas Baleares”.

El Grupo parlamentario de VOX en el Parlamento de las Islas Baleares votó en contra de la aprobación del decreto en la Cámara balear el 8 de junio. Desde el primer momento se puso en marcha el análisis en detalle del texto de cara a preparar el recurso al Tribunal Constitucional. Por su parte, el diputado portavoz en el Parlamento balear, Jorge Campos, ha señalado que “nos parece un decreto que vulnera y pisotea derechos constitucionales.

El Gobierno socialcomunista de Armengol toma como excusa el virus para establecer un régimen autoritario para confiscar productos, cerrar empresas e incluso la vacunación forzosa a determinados colectivos”.

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