Estados Unidos quiere tener una frontera ordenada, segura y bien gestionada intentando, al mismo tiempo, que se trate a las personas de manera justa y humana. Al menos este es el plan que ha presentado el Departamento de Estado de Estados Unidos tras seis meses de sufrir una verdadera avalancha humana en su frontera sur. 

En enero, la Administración Biden-Harris decidió reformar el sistema de inmigración, incluido enviar al Congreso una nueva legislación que propone un nuevo sistema para gestionar y asegurar la frontera sur - con México- de forma responsable.,

Según el Departamento de Estado, se ha procesado con éxito a más de 12.500 personas que han sido enviadas de vuelta a México bajo los Protocolos de Protección al Migrante en los últimos meses de las más de 200.000 que han llegado desde enero de 2021. 

La Administración Biden ha publicado su plan que describe los próximos pasos que tomarán las agencias federales para continuar implementando la visión transformadora del Presidente para un sistema de inmigración del siglo XXI que proteja la frontera, considere las solicitudes de asilo de manera justa y eficiente, fortalezca los esfuerzos regionales de gestión de la migración en el norte y Centroamérica y aborde las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica. El comunicado asegura que  Estados Unidos "siempre será una nación de fronteras y aplicaremos nuestras leyes de inmigración de una manera justa y equitativa. Continuaremos trabajando para fortalecer un sistema de inmigración ordenado". El plan atiende a los siguientes pasos. 

Estados Unidos pretende permitir que las personas ejerzan su derecho legal a solicitar asilo al mismo tiempo que reducen la migración irregular y mantienen una frontera ordenada, segura y bien gestionada. 

Desde el año fiscal 2011, el presupuesto discrecional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los EE. UU. ha crecido desde 9.900 millones hasta los 15.000 millones de dólares en el año fiscal 2021. El Presupuesto del Presidente redirige los recursos de un muro fronterizo innecesario para realizar inversiones sólidas en medidas de seguridad fronteriza más inteligentes, como la tecnología fronteriza y la modernización de los puertos de entrada terrestres, que han demostrado ser más eficaces para mejorar la seguridad en la frontera.

Estas inversiones servirán como un multiplicador de fuerza para los más de 19.500 agentes de la Patrulla Fronteriza que actualmente ayudan a asegurar las fronteras de nuestra nación y los más de 25.500 oficiales de CBP que trabajan en puertos terrestres, aéreos y marítimos. Las inversiones también facilitarán controles de seguridad más sólidos y efectivos para combatir el tráfico y la trata de personas, así como la entrada de migrantes indocumentados. 

La Administración está trabajando para mejorar el proceso de expulsión acelerada en la frontera para determinar de manera justa y eficiente qué personas tienen solicitudes legítimas de asilo y otras formas de protección. El asilo y otras vías de migración legal deben seguir estando disponibles para quienes buscan protección. Aquellos que no busquen protección o que no califiquen serán expulsados de inmediato a sus países de origen. 

2)Procesar de manera ordenada y justa las peticiones de asilo 
La Administración se compromete a considerar las solicitudes de asilo de manera justa y eficiente. El asilo y otras vías de migración legal deben seguir estando disponibles para quienes buscan protección. Pero aquellos que no busquen protección o que no califiquen serán enviados de vuelta a sus países de origen. 

Establecer un expediente específico para considerar las solicitudes de asilo. Mejorar aún más la eficiencia y la equidad del sistema de asilo de los EE. UU. al autorizar a los oficiales de asilo a adjudicar las solicitudes de asilo para quienes llegan a la frontera y al establecer estándares de elegibilidad claros y justos que armonicen el enfoque de los EE. UU. con los estándares internacionales.

La Administración ya ha comenzado a rescindir las políticas y decisiones de la Administración Trump que impiden injustamente que las personas obtengan asilo. El 16 de junio, el Departamento de Justicia revocó dos de los fallos de la Administración anterior que restringían severamente las protecciones de asilo para las víctimas de violencia doméstica y de pandillas. 

 3) Inversión en los socios regionales para que controlen la migración

Estados Unido buscan expandir los esfuerzos estadounidenses y multilaterales para abordar la grave situación humanitaria en Centroamérica y fortalecer la gestión regional colaborativa de la migración. 
Los esfuerzos de los Estados Unidos abordarán la inseguridad alimentaria y la desnutrición, mitigarán los impactos de las sequías sucesivas y la escasez de alimentos, promoverán la protección de las personas vulnerables y proporcionarán materiales para apoyar la reconstrucción de hogares y escuelas dañadas por los huracanes.

Como parte de estos esfuerzos, Estados Unidos proporcionó en abril 255 millones de dólares en asistencia para satisfacer las necesidades humanitarias inmediatas y urgentes de las personas en El Salvador, Guatemala y Honduras, refugiados, otras personas desplazadas y migrantes vulnerables en la región.
La Administración Biden pretende ampliar el acceso a visados de trabajo temporal en la región y reducir la acumulación de solicitudes de visados pendientes de inmigrantes para los ciudadanos del Triángulo Norte lo más rápido posible. 
  
4)Abordar las causas fundamentales de la inmigración en los países de origen 
"No podemos resolver el desafío en nuestra frontera sin abordar la falta de oportunidades económicas, la gobernanza débil y la corrupción, y la violencia y la inseguridad que obligan a las personas a huir de sus hogares en primer lugar", afirma la nota del Departamento de Estado.

El impacto de dos grandes huracanes a finales de 2020, una sequía prolongada y la COVID-19 han agravado estos desafíos históricos. El presupuesto del año fiscal 2022 solicita 861 millones de dólares adicionales para abordar las causas fundamentales de la migración e invertir en esos países. 

Combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática trabajando con los gobiernos, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes para mejorar los servicios gubernamentales, aumentar la transparencia, promover la rendición de cuentas y el respeto por los derechos humanos, sancionar a los actores corruptos y brindar protección a los jóvenes en riesgo, las víctimas de la violencia y otras poblaciones marginadas.