Las fianzas millonarias que impone el Tribunal de Cuentas a los 34 ex dirigentes independentistas por el gasto exterior del procés ha generado una suerte de 'efecto contable' en la Generalitat y los altos funcionarios han empezado a extremar las precauciones para protegerse de ser investigados por el ente contable o por la justicia si, con su actuación, aprueban partidas de dinero destinadas a la causa independentista.

Las fuentes consultadas explican que hay una suerte de "ola de pánico" de los interventores delegados de las distintas consejerías catalanas, así como de altos funcionarios en el que algunos gastos que en el pasado se consideraban desembolsos ordinarios puedan ser ahora susceptibles de ser tipificados como delitos de malversación. "El uso del Institut Català de Finances (ICF) para avalar a los ex dirigentes investigados por el Tribunal de Cuentas dio la puntilla a toda la tensión sumergida entre los líderes políticos independentistas y sus subordinados", explica un conocedor de la realidad que se vive en la administración catalana.

De hecho, el uso del ICF para cubrir las fianzas que ascienden a 5,4 millones de euros en el órgano fiscalizador provocó la dimisión de tres consejeros independientes. Los que han acatado avalar a los 34 ex dirigentes independentistas son cargos puestos por los partidos independentistas, como es el caso del presidente de esta suerte de 'ICO catalán', Albert Castellanos, que es militante de ERC.

Sin embargo, otros funcionarios e interventores no corren la misma suerte ni están en la condición de poder dimitir. Por esta razón, muchos de ellos han optado por blindarse. Según informó el 'Ara', se han multiplicado las peticiones de justificación de todas las decisiones que se adoptan por el temor que acabe en un nuevo proceso contable o judicial. También se han reforzado los procedimientos para la contratación o la autorización de viajes para atajar interpretaciones del Ministerio Público que vayan en la dirección de ver indicios de malversación o de tráfico de influencias.

Cabe recordar que en la pieza que investiga el Tribunal de Cuentas se han mirado con lupa conferencias, elaboración de informes o viajes en el que se habló en algún momento u otro de "autodeterminación". Incluso en aquellos casos en el que el presunto motivo del viaje era de índole empresarial o para establecer relaciones comerciales con otras regiones de Europa y que el Govern considera que se enmarcaban en el ámbito de competencia de cualquier Comunidad Autónoma.

Áreas jurídicas y económicas
El personal encargado de las áreas jurídicas y económicas son los que más cautela exhiben a la hora de poner su rúbrica en cualquier autorización de gasto o en la elaboración de expedientes administrativos. El caso de la ex interventora general de la Generalitat, Mireia Vidal, a quien se le pide más de 3 millones de euros en concepto de fianza, ha sentado un precedente.

Como informó este medio, la funcionaria pidió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que suspendiera las fianzas del Tribunal de Cuentas y alegó estar en un estado de salud muy crítico por culpa de la investigación del ente contable. Además, sostuvo que advirtió al entonces vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, de la posibilidad de estar incurriendo en un delito de malversación.

Detallar los gastos
Entre los trabajadores públicos de la administración autonómica nadie quiere afrontar una situación similar. Y, al mismo tiempo, sostienen las fuentes consultadas, los dirigentes políticos se hallan en dificultad para tirar sus proyectos adelante. A menudo deben ofrecer más detalles sobre los motivos de un desembolso o acudir a un secretario general de la conselleria en cuestión para que asuma la decisión.

Los secretarios generales son cargos políticos y están más dispuestos a afrontar estas situaciones que generan tensión entre el funcionariado. Además, saben que si se abren nuevas investigaciones judiciales o contables el partido puede responder por ellos. Como se informó en este medio, ERC estudió avalar como partido una parte de las fianzas del Tribunal de Cuentas. La formación, como persona jurídica independiente de la administración pública, pueda avalar a sus propios militantes. En especial, si lo que se les pide es por el ejercicio de sus funciones políticas. 

En última instancia, será la intervención general de la Generalitat quien deberá responder por las decisiones políticas que se adopten. En el caso de los letrados del Parlament se han producido situaciones parecidas. Los abogados de la institución han obrado preventivamente en algunas ocasiones con la elaboración de informes ante cualquier decisión política que pudiera contravenir a la Constitución.

Esta iniciativa de los letrados molestó a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que pidió al equipo jurídico de la Cámara catalana que emitieran dictámenes o informes cuando fuera requerido por la Mesa del Parlament o la propia presidenta. De hecho, relevó al secretario general del Parlament, Xavier Muro, quien en las pasadas legislaturas fue un muro de contención contra las tentativas de la mayoría independentista de forzar la legalidad. 

El ejemplo de Exteriores
Uno de los Departamentos que más han estado en el punto de mira de la justicia ha sido el de Exteriores. Para los sucesivos gobiernos de la Generalitat la batalla internacional ha sido clave para tratar de 'internacionalizar' el procés independentista. De hecho, muchas de las investigaciones de los tribunales se centran en los viajes de los presidentes catalanes en el exterior para sumar apoyos a la causa independentista o en el pago a consultoras y lobbies extranjeros con el fin de hacer informes para avanzar en las estructuras de Estado o asesorase en cómo montar un ejército catalán.

En este sentido, la nueva 'consellera' de Acción Exterior, Victòria Alsina, va con pies de plomo para no volver a situar a la consejería en el ojo del huracán. Recientemente han informado de la creación del 'Consell de Catalunya al Exterior', un órgano de consulta y participación de los catalanes residentes en el exterior.

Fuentes del Departamento explican que "todavía no se han definido temáticas". Su creación estaba prevista por la ley 08/2017 de la comunidad catalana en el exterior, pero los temores a que se vea como una muleta de las llamadas 'embajadas catalanas' al exterior o un instrumento del secesionismo ha obligado a ser cautelosos y ver la letra pequeña del nuevo ente público.

Por ejemplo, los miembros de este consejo no cobrarán ninguna retribución y sus objetivos, afirman, se irán desarrollando a medida que el ente esté en marcha. Sus labores se limitarán a establecer un marco estable de relaciones entre la Administración y los catalanes al exterior. Nadie quiere jugársela con ambigüedades y se clarifica hasta el extremo cualquier gasto o la motivación para la creación de un nuevo ente público.