Plus Ultra ha justificado su rescate en que su desaparición tendría un impacto en la economía de 365 millones de euros, pero sólo 101 millones corresponden a su facturación directa. Según consta en un documento elaborado por la aerolínea, el resto se refiere a lo que la empresa considera "impacto indirecto, inducido y generado en el turismo", sin detallar a qué se refiere cada uno de estos conceptos.

A su vez, este dato está recogido en el informe financiero que realizó la consultora DC Advisory, el asesor independiente del Gobierno en este rescate, y que ha utilizado la propia Fiscalía para defender la concesión de la ayuda pública en el marco de la investigación judicial abierta sobre este caso.

El Ministerio Fiscal ha defendido el desbloqueo de los 34 millones que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) todavía tiene pendiente abonar a Plus Ultra al entender que su quiebra "tendría un impacto económico de 365 millones de euros en términos de facturación", según detalla en su escrito, pero lo cierto es que tres cuartas partes de ese montante no son ingresos directos generados por la aerolínea.

La Fiscalía extrae esta conclusión del informe financiero que DC Advisory elaboró para el Gobierno acerca de la aerolínea antes de que se decidiera rescatarla. Y, según consta en ese informei, para analizar el impacto negativo que tendría el cese de Plus Ultra la consultora se basa en datos proporcionados por la propia aerolínea.

Multiplica casi por cuatro el impacto
En base a estos datos, la facturación directa de la empresa en 2019, antes de la pandemia, fue de 101,2 millones de euros. Es decir, casi una cuarta parte de los 365 millones citados. Esto se debe a que la aerolínea también tiene en cuenta la facturación indirecta, la inducida y la generada en el turismo, que ascienden a 86 millones, 73 millones y 105 millones de euros, respectivamente.

Aunque en el documento de Plus Ultra no se definen ninguno de estos conceptos, la facturación directa se refiere a los ingresos que ha obtenido la aerolínea en un año con el desarrollo de su actividad; mientras que el resto podría corresponder al valor generado con su actividad en la cadena de suministro, con el consumo que realizan los empleados de Plus Ultra en la economía o con el gasto que realizan los pasajeros que viajan con la aerolínea.

Plus Ultra sólo detalla que en 2019 facturó cerca de 101 millones, un volumen de negocio que "afectaría a unos 350 empleados directos". A continuación, asegura que "en total la generación de PIB asociado a la operación de Plus Ultra debe ascender a los 365 millones de euros afectando de manera directa e indirecta a más de 2.700 empleos".

De la misma forma, DC Advisory asegura más tarde en su informe que el cese de Plus Ultra "generaría una pérdida de empleo directa de más de 400 personas", "afectaría de forma indirecta al empleo de 2.700 trabajadores" y tendría "un impacto económico de 365 millones de euros en términos de facturación", sin dar más detalles sobre este último asunto. La consultora señala que la información ha sido "proporcionada por la compañía".

En el desglose elaborado por Plus Ultra y DC Advisory se puede apreciar que al tener en cuenta la facturación generada de manera indirecta, inducida y en el turismo, el impacto se multiplica casi por cuatro. De hecho, la facturación generada en el turismo es incluso mayor que la facturación directa de la aerolínea, que sólo representa el 28% de la cifra total.

La Fiscalía usa el informe del asesor
La defensa que la Fiscalía hizo del rescate hace unos días se basa en el informe de DC Advisory en el que se tiene en cuenta la facturación indirecta, inducida y del turismo que Plus Ultra dice generar. El Ministerio Público se alinea de esta forma con la Abogacía General del Estado, la cual se pronunció en contra de la suspensión del préstamo participativo de 34 millones de euros.

Los servicios jurídicos del Gobierno solicitaron a la magistrada Collazos que no bloqueara el desembolso final de esta ayuda (ya se abonaron los primeros 19 millones del préstamo ordinario) ante el temor de que Plus Ultra no pudiera cumplir con lo acordado en el plan de viabilidad. De lo contrario, se produciría un "quebranto" para las arcas públicas.

La Fiscalía no fue tan lejos y apuntó que era necesario que Plus Ultra justificara los motivos por los que necesitaba con tanta urgencia el pago de esta cuantía que iba a hacer efectivo la SEPI. Sin embargo, tras estudiar toda la documental aportada a la causa, la fiscal María Luisa LLop advierte de la necesidad de que la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid levante la suspensión cautelar adoptada el pasado 22 de julio.

El Ministerio Fiscal insiste en que el préstamo tiene como objetivo cubrir las pérdidas ocasionadas por la covid en los ejercicios 2020 así como en los dos siguientes. Sin embargo, las acusaciones que forman parte de este procedimiento cuestionan la idoneidad de esta ayuda aprobada en marzo por el Gobierno al tratarse de una compañía que registra pérdidas desde su creación. 

Por su parte, la aerolínea entregó un escrito solicitando el desembolso de la ayuda y, junto con él, un peritaje elaborado por el auditor de cuentas Julio César Calvo, de acuerdo con la documental. La aerolínea explicó que el préstamo no es "un regalo de fondos públicos sin criterio alguno" sino que irá destinado al pago de nóminas, de impuestos a gastos operativos y necesidades de liquidez.