El nuevo embajador de Ecuador en España, Pascual Del Cioppo, nombrado por el presidente Guillermo Lasso, ha denunciado en una entrevista de televisión que en la Embajada se hicieron pagos millonarios para favorecer a empresas vinculadas a Podemos.

En una entrevista en televisión con el periodista latino Carlos Vera, el diplomático, que militó en el Partido Social Cristiano, dijo que ha pedido -por el orden del presidente Guillermo Lasso– que se suspenda “de inmediato” la vigencia de los contratos cuyos recursos económicos iban a esa organización política española.

“El Presidente ordenó, de inmediato, que se suspenda la vigencia de esos contratos, que se pare y no se siga pagando las cuotas del mes de junio incluso, ni del mes de julio”, afirmó. Sin embargo, no especificó cuál es el periodo de contratación.

Del Cioppo explicó que el caso denunciado trata de supuestos pagos a empresas relacionadas con Irene Montero, ministra de Igualdad de España y esposa de quien fuera  máximo dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, y Rafael Mayoral, diputado nacional de la formación morada desde el 2015.

Ambos estarían al frente de empresas relacionadas con supuestas defensas legales de ecuatorianos y pagadas por el Gobierno de Ecuador, pero que no se han ejecutado.

Del Cioppo explicó que el pago anual era de 1,2 millones de euros por año, es decir casi USD 1,5 millones. Incluso, el año pasado, en plena pandemia, se firmó un contrato anual por 775. 000 euros.

“Pero ahí no viene el tema, el tema es algo peor, es que era para asesorar a ecuatorianos para que no exista el desahucio por falta de pago de hipoteca… Es que la Ley española, precisamente hace un tiempo atrás cuando hubo la crisis, impidió ya que exista el desahucio, entonces no sé qué defendían”, criticó.

Las declaraciones del embajador han generado, de momento, la reacción de VOX. El diputado en el Congreso Víctor González ha pedido la comparecencia urgente de la ministra Montero y del diputado Mayoral. “Preguntaremos al gobierno y actuaremos. El pueblo de Ecuador tiene derecho a saber qué se hizo con su dinero y los españoles a que se depuren las responsabilidades políticas y judiciales oportunas”, ha dicho el parlamentario de la formación de Santiago Abascal.