Tras desbloquear el rescate de Plus Ultra, el juzgado que investiga una presunta malversación de caudales públicos con la ayuda otorgada a la compañía estudia ahora si constituir una hipoteca mobiliaria sobre las aeronaves de la mercantil. El magistrado Antonio Serrano-Arnal (instructor del caso Delcygate) ha dado traslado a las partes que integran el procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid para que se pronuncien sobre esta medida propuesta por el PP en calidad de acusación popular. El fin, razonan, es evitar un daño patrimonial a las arcas del Estado.

El juez, que actúa en funciones de guardia ante la ausencia de la titular Esperanza Collazos, quiere recabar la opinión de la compañía y de otros entes que integran la causa como la Fiscalía o la Abogacía General del Estado, antes de decidir sobre esta diligencia solicitada por la formación que lidera Pablo Casado. Por ese motivo, da traslado a todos los protagonistas de este procedimiento penal para formulen alegaciones sobre la medida, de acuerdo con una providencia del pasado 18 de agosto.

No es la primera vez que el juzgado consulta a las partes antes de tomar decisiones de calado. Collazos ya hizo lo propio antes de suspender cautelarmente la entrega de 34 millones del total de 53 que el Gobierno concedió a la aerolínea en marzo. Ahora el juez, que también ha estado al frente de procedimientos como el caso Rato, se pronuncia en la misma línea en aras a resolver la petición del PP, que ya anunció que recurriría el desbloqueo del millonario rescate.

La defensa del PP sostiene que esta entrega de fondos destinados a empresas estratégicas afectadas por la covid podría suponer un "menoscabo patrimonial importante" para el Estado. Por ese motivo instó a la Justicia a que constituya una hipoteca mobiliaria sobre los aviones en propiedad de esta mercantil. El objetivo, según razonó en su escrito del pasado día 11, es garantizar "un eventual reembolso" en caso de que así lo ordenara el juzgado con una medida cautelar que no implique riesgo de quiebra para la compañía.

Flota de tres aviones
Las acusaciones sostienen que Plus Ultra no cumplía con los requisitos exigidos por el Ejecutivo para acceder a estos fondos públicos ya que solo contaba con un avión de su propiedad en el momento en que se autorizó el rescate y sus vuelos representaban únicamente el 0,03 del total de la movilidad aérea. La compañía, por su parte, insiste en que las ayudas se otorgaron apoyándose en los informes técnicos solicitados por la SEPI favorables a la entrega de los 53 millones de euros.

Tal y como informó este diario, la empresa -participada por accionistas de la órbita de Nicolás Maduro- contaba a principios de 2020 con un avión A340-300 que tenía en propiedad desde 2017. Sin embargo, en la actualidad ha sumado a su flota dos aviones más para volar a Venezuela, Ecuador, Perú y China. En el peritaje entregado a los juzgados de Plaza Castilla para solicitar el desbloqueo de la ayuda, la aerolínea insistió en que necesitaba la parte restante del dinero comprometido para responder ante los acreedores.

Además, desgranó que con la entrega de los 53 millones de euros la compañía podría operar "con holgura financiera" para 2022. Con todo, también advirtió que, de confirmarse la suspensión del rescate, el riesgo de no cumplir con lo pactado con el Gobierno era una realidad. Ya en las alegaciones previas a la decisión acordada por Collazos la compañía alertó de que ante una eventual quiebra no podría cumplir con el plan de viabilidad y llegó incluso a suplicar que no les bloqueara la entrega.

El plan de viabilidad
La compañía creada en 2011 y el Ejecutivo acordaron que este último tomaría el control de las acciones que la SEPI obtuvo en prenda si no cumplían con lo pactado. De esta manera abrieron la puerta a que se nacionalizara la compañía. Por ello Plus Ultra apeló a la necesidad de recibir el segundo tramo de la ayuda acorde a lo manifestado por la Abogacía General del Estado. Los servicios jurídicos del Gobierno de Pedro Sánchez se opusieron desde un primer momento a las pretensiones del juzgado insistiendo en que el rescate era indispensable.

Por su parte la Fiscalía adoptó una posición intermedia y se pronunció a favor de que la mercantil detallara los motivos por los que necesitaba con carácter de urgencia estos fondos. A su juicio, la existencia de este procedimiento penal que pone en tela de juicio las condiciones del rescate hacían necesaria una explicación detallada antes de recibir los 34 millones de euros del préstamo participativo. Sin embargo, y pese a esta posición inicial, terminó rebatiendo la decisión de la magistrada Collazos y cifró el impacto económico de su decisión en 365 millones de euros.

Ahora de nuevo el foco se pone en el Ministerio Público y en los servicios jurídicos del Gobierno en lo que respecta a la petición de que se hipotequen las aeronaves de la firma. Cabe recordar que la denuncia inicial de Manos Limpias se dirigía contra el Consejo de Administración de la SEPI, si bien la querella interpuesta por Vox se centraba en el Consejo Gestor del órgano público que dio luz verde al rescate. Entre los querellados se encuentra el actual vicepresidente, Bartolomé Lora, cuya defensa asumió desde un primer momento la Abogacía General del Estado.

De hecho, los servicios del Gobierno ya recurrieron el auto inicial de Collazos del pasado mes de abril apuntando que ni Lora ni los otros integrantes del consejo cometieron irregularidad alguna con esta gestión y que, por tanto, no había causa. La magistrada Collazos no solo no le hizo caso sino que lanzó una batería de medidas que pasaban por averiguar la verdadera identidad de los dueños de Plus Ultra y la flota de aviones que tiene en su propiedad. A ello hay que añadir las últimas diligencias acordadas en julio tales como un peritaje independiente y la petición a Hacienda de todos los datos de la compañía desde el año 2015.