VOX está acorralando a la aerolínea chavista Plus Ultra dentro y fuera de España.

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá envió una carta agradeciendo al diputado Víctor González agradeciendo la nueva información y documentación que facilitará la investigación del polémico préstamo de Panacorp a Plus Ultra.

Es importante recordar que, el 10 de agosto, VOX presentó una denuncia en Panamá para que se investiguen «posibles irregularidades» en el préstamo participativo que Panacorp concedió a la aerolínea Plus Ultra y que, según este partido, permitió que la compañía aérea fuera «elegible» para el rescate de 53 millones de euros que aprobó el Gobierno de España.

En su escrito a la Superintendencia, los diputados de Santiago Abascal recuerdan que Panacorp es «una casa de valores y no un banco sometido a las leyes de Panamá», donde «los directores están vinculados de forma directa con personas ligadas al Gobierno de Venezuela, y deben tener la calificación de personas políticamente expuestas, (PEP)».

En este sentido, destacaron que Panacorp inyectó dinero a Plus Ultra mediante un crédito participativo otorgado por 7,5 millones de dólares, que a su juicio ha servido para «maquillar» la situación financiera de la aerolínea y hacerla «elegible» para el préstamo de dinero público otorgado por el Gobierno de España mediante un rescate aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo.

Ahora la Superintendencia del Mercado de Valores responde a VOX dándole las gracias por su denuncia y la información ofrecida.

En una carta, difundida en redes sociales por el diputado Víctor González, la institución del país centroamericano indica que “la Superintendencia realiza actuaciones relacionadas con los mismos hechos denunciados. Sin embargo, hemos identificado que se aportan nuevos elementos que serán analizados y se tomarán las acciones y medidas que correspondan”.
 
 Los aviones de Plus Ultra

El juzgado que desbloqueó el rescate de Plus Ultra estudia ahora hipotecar sus aeronaves para evitar un daño patrimonial al Estado en caso de quiebra. Sin embargo, los tres aviones que la aerolínea tenía en flota cuando el Gobierno acordó la ayuda el pasado mes de marzo y que está operando ahora son alquilados.

La aerolínea cuenta con dos aviones A340-300 (denominados con las siglas MQM y NBU) y un A340-600 (NFQ), los mismos que tenía en el momento del rescate; pero en varios de los documentos que Plus Ultra envió al Gobierno y a los que ha tenido acceso este periódico explica que las tres aeronaves se operan bajo arrendamiento operativo. Es decir, que ninguno es de su propiedad.

Millones a manos chavistas
De los 53 millones de euros que el Gobierno PSOE-Podemos aprobó dar a la compañía, el 12% iría a parar directamente en las manos del dictador Nicolás Maduro. Es decir, un total de 6,1 millones de euros.

Indica que la aerolínea chavista pagará dicha cifra para saldar su deuda con petrolera de Venezuela (PDVSA), una empresa estatal que es utilizada por la dictadura bolivariana como una ‘caja chica’ y que está vinculada a sus principales casos de corrupción.

La aerolínea chavista informó a Daiwa Corporate Advisory, asesor financiero de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de su intención de hacer frente a su deuda este mismo año, en 2021.

Los millones podrán suponer un respiro para el régimen de Nicolás Maduro, que sigue afrontando las sanciones internacionales (principalmente de Estados Unidos) por sus ataques a la democracia, a la libertad de expresión, así como por las violaciones a los Derechos Humanos y corrupción.

No es la primera vez que Plus Ultra se ve vinculada con la petrolera controlada por el régimen chavista. Es importante recordar que el banco panameño que salvó a Plus Ultra de la disolución en 2017 con un préstamo participativo, Panacorp Casa de Valores, tenía inversiones en PDVSA y en la propia República Bolivariana de Venezuela.

A fecha de 2017, las últimas cuentas de la empresa panameña de las que informo Vozpópuli, Panacorp tenía bonos en Venezuela por valor de 9,3 millones de euros, de los que 7,1 millones son de la propia República Bolivariana y 2,2 millones de PDVSA.