Las mujeres tendrán prioridad frente a los hombres a la hora de trabajar en las universidades públicas españolas. El borrador de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) permite a los campus que, cuando haya dos candidatos en "igualdad de condiciones de idoneidad", tengan "preferencia" para ser contratadas "las personas del sexo menos representado" en el cuerpo docente o categoría de que se trate.

Así aparece en el borrador,  que este martes ha recibido una primera lectura en el Consejo de Ministros. El titular de Universidades, Manuel Castells, ha expresado que la norma persigue mejorar la "equidad" entre hombres y mujeres. La manida 'discriminación positiva' de la izquierda progre para imponer sus cuotas de género.

Artículo 52. Promoción de la equidad entre el personal docente e investigador

"Se podrá establecer medidas de acción positiva en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario y contratado para favorecer el acceso de las mujeres. A tal efecto se podrá establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría de que se trate".

A los rectores, sin embargo, no les gusta esta idea. "Los principios de igualdad, mérito y capacidad son los únicos que se pueden aplicar constitucionalmente en el servicio público", argumentan fuentes de las universidades.

Además, el concepto "igualdad de condiciones de idoneidad" es lo suficientemente ambiguo como para que se pueda interpretar de manera abierta y se escoja no al candidato mejor preparado sino al más adecuado para el puesto. Tal y como sostienen fuentes universitarias, "no hay igualdad de condiciones nunca, siempre hay un candidato mejor que otro".

Discriminación positiva a favor de las mujeres y el colectivo LGTBI
El borrador también persigue "promover" proyectos científicos con perspectiva de género, lo que significa que se favorecerán este tipo de investigaciones frente a las demás. Otros objetivos son conseguir "la paridad en los equipos de investigación", en los órganos colegiados y en todas las comisiones de selección y evaluación, y el "aumento de mujeres como investigadoras principales".

Los campus, para poder funcionar y ser reconocidos, deberán contar con un plan de igualdad de género de política universitaria y un plan de igualdad de género de recursos humanos, así como un "protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo" y un registro retributivo del conjunto del personal.

Además, refuerza el papel de las unidades de igualdad y de diversidad, que ya funcionan en buena parte de universidades. Las primeras, cuyo régimen de funcionamiento se regirá por los estatutos del campus, serán las "encargadas de coordinar y transversalizar el desarrollo de las políticas universitarias de igualdad entre mujeres y hombres, así como de la inclusión de la perspectiva de género en el conjunto de actividades y funciones de la universidad".

Las segundas, para defender los intereses de las minorías y de la comunidad LGTBI, "serán las encargadas de coordinar y transversalizar el desarrollo de las políticas universitarias antidiscriminación en el conjunto de actividades y funciones de la universidad".

Estas son otras de las novedades que trae la nueva norma, que modifica la LOU de 2001 y es la tercera ley universitaria de la democracia.

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