Llegan aires de cambio en el Ministerio de Sanidad. Fernando Simón, actual director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), figura en todas las quinielas para convertirse en el próximo director del Centro Nacional de Salud Pública cuya puesta en marcha ultima el Ejecutivo.

La decisión final no está todavía tomada, pero fuentes no oficiales del departamento que dirige Carolina Darias aseguran que el polémico portavoz científico del Gobierno durante toda la pandemia encabeza la lista de posibles candidatos a dirigir este dispositivo de nuevo cuño con el que el Ejecutivo aspira a contrarrestar en próximas crisis sanitarias algunos de los problemas con los que se ha topado en la respuesta frente a la Covid-19.

Este centro contará con una inversión inicial de 9,4 millones de euros a tenor del contenido del Plan de Recuperación presentado por el presidente Pedro Sánchez y aglutinaría competencias sobre Salud Pública que actualmente residen en organismos oficiales diferentes como el propio Ministerio de Sanidad o el Instituto de Salud Carlos III.

Las mismas fuentes señalan que el grueso del personal especialista procederá del CCAES –los funcionarios y técnicos en los que se ha apoyado su director para recapitular y procesar la información procedente de las autonomías, y adoptar estrategias en las sucesivas olas, y a los que se conoce como «los expertos de Simón»– y de la propia Dirección General de Salud Pública en la que está adscrito este médico, en calidad de subdirector general.

El portavoz gubernamental ascendió a este puesto de subdirector general a las pocas semanas de iniciarse la pandemia y de decir que España no iba a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. El Gobierno aprovechó una reestructuración ministerial para promocionarle después de años de trabajar en este departamento en cargos de menor nivel. Lo hizo sin dar publicidad al nombramiento.

Este hecho, su rango de nivel 30 y su rol al frente del CCAES le han reportado un sueldo mensual de 5.452,6 euros brutos al mes más tres pluses cuya cuantía puede oscilar y que el Ministerio oculta con celo, omitiendo información al respecto a la Junta de Personal de Sanidad, Consumo y Derechos Sociales, los tres departamentos en los que se subdividió Sanidad a principios del mandato de Sánchez, en enero de 2020, para dar cabida a Pablo Iglesias y Alberto Garzón. De los 5.452,6 euros que percibe Simón, 1.203,56 corresponden al salario en sí, cantidad que se eleva aplicando el complemento específico, el complemento de destino y el complemento de productividad.

En caso de materializarse finalmente su nombramiento para el nuevo centro, el rango de Simón se elevaría al de director general, incrementándose con ello su remuneración. Se da la circunstancia de que la actual directora general de Salud Pública y jefa directa de Simón en el Ministerio, Pilar Aparicio, está enfrentándose a una enfermedad y podría dejar el cargo, de acuerdo con las mismas fuentes. Además de mejorar sus ingresos, el ascenso de Simón compensaría su súbita caída de presencia mediática.

 
Durante los más de 16 meses que ha ejercido como portavoz durante la pandemia, el director del CCAES ha visto cómo su imagen ha quedado erosionada motivando en numerosas ocasiones el enfado de los profesionales del sector sanitario. De hecho, no han sido pocas las organizaciones representativas de los profesionales que se han quejado de sus palabras o predicciones.

Entre ellas figuran el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el Consejo General de Colegios de Enfermería y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), aunque también lo han hecho otras pertenecientes a sectores ajenos al sanitario.

En la mayor parte de los casos, han pedido su dimisión o destitución. La idea de la ministra Darias es reducir su presencia mediática para que no quede tan expuesto como en la etapa en la que Salvador Illa se encontraba al frente del Ministerio.

De hecho, Simón lleva sin informar públicamente de la evolución de la pandemia desde el 12 de julio, pese a que España se ha enfrentado desde entonces a una quinta ola que se ha cobrado casi 4.000 vidas tras infectar a alrededor de 1,1 millones de ciudadanos.