Es un cóctel explosivo y se ha expandido por toda España. La relajación de las restricciones sanitarias y la no apertura del ocio nocturno han propiciado el efecto contagio de los botellones. Concentraciones masivas de jóvenes -y no tan jóvenes- para consumir alcohol sin mascarilla ni distancia en plena calle, ante la impotencia de la policía. El epicentro está siendo Cataluña. Imágenes como las de este fin de semana en Vic, Sabadell y Llinars del Vallés (Barcelona), donde centenares de personas se apiñaron obviando la situación epidemiológica y obligaron incluso a recular a las patrullas policiales que intentaron disuadir la fiesta, son las que traen de cabeza a los agentes.

El diagnóstico de los profesionales del orden público es unánime: esta actitud se debe a una «pérdida de autoridad» y a una crispación extendida tras tantos meses de encierro.

Y es que no solo beben y vulneran las normas sanitarias. También repelen la acción policial. Este caldo de cultivo está derivando «en ataques contra los agentes», señala desde el sindicato policial Sapol Jordi Rodríguez, que lleva más de 35 años en la Guardia Urbana de Barcelona. Unos enfrentamientos que son más violentos, entre otros motivos, por la falta de contundencia en las sanciones por atentado contra la autoridad, indica Toni Castejón, portavoz del sindicato mayoritario de los Mossos d’Esquadra (Fepol). El consumo de alcohol durante horas y la superioridad numérica de los congregados hacen el resto.

«La pérdida de autoridad que denunciamos desde hace tiempo hace que algunas personas vean divertido acabar la fiesta arrojando botellas contra la policía», lamenta Castejón, que señala que dicha actitud es el resultado de años de ‘blanqueo’, por parte de algunos mandatarios catalanes. Lo mismo sucede, añade, durante los desahucios o disturbios de otra índole. Albert Palacio, portavoz del sindicato de Mossos, Uspac, critica «la hipocresía barata del Govern por fijar unas normas que no pueden hacer cumplir».

Un policía frente a 300
Aún peor resultan estas concentraciones masivas para consumir alcohol en poblaciones pequeñas donde un solo agente o guardia municipal se encuentra con un botellón de 200 o 300 personas. «No se puede hacer nada, pero no es algo nuevo. Falta voluntad política para aplicar sanciones», sentencia Josep Lluís Bermúdez, de la Asociación de Guardias Municipales en Cataluña. También él constata el creciente menosprecio hacia la autoridad y el aumento de la violencia por igual motivo: «No tienen miedo a lo que les pueda pasar después de agredirte», indica. «Es como un videojuego: correr, lanzar y agredir», apostillan desde Uspac.

 Y es que como recuerda Castejón, los delitos por atentado contra la autoridad -aplicados a todos los Cuerpos de Seguridad- han aumento cerca del 70% en los últimos meses, cuando se han multiplicado los botellones por toda la geografía española.

El perfil de quienes se enfrentan a los uniformados en plena madrugada es el de un chaval joven que «ha perdido el miedo», aunque «si nos referimos a Barcelona, encontramos de todo», puntualiza Rodríguez, quien, al igual que Palacio, critica la falta de contundencia de sus responsables políticos a la hora de condenar las actitudes violentas, lo que «daría un rango de mayor autoridad a los agentes en la vía pública». La frase que más se escucha en estas movilizaciones juveniles, que demuestran esa pérdida de valores, es «nos han quitado dos años de vida [por el Covid]».

 Ocio nocturno cerrado
El final de las clases, el inicio del verano y la llegada de turistas se han sumado al fin del toque de queda, mientras en territorio catalán el ocio nocturno permanece cerrado. La reapertura de bares y discotecas no erradicaría el fenómeno callejero, pero sí ayudaría a minimizarlo, piensa el sector. Como posibles soluciones, desde el sindicato mayoritario de los Mossos apuestan por un dispositivo que haga un trabajo previo para evitar concentraciones numerosas y que cuente con más agentes. Y es que a la merma de las plantillas se suman las vacaciones estivales.

Otra opción pasaría, proponen. por cerrar o remojar playas y plazas, como el Consistorio de la capital catalana activó el pasado julio, tras admitir que «ni con el doble ni con el triple de policía» se pueden evitar estas concentraciones. «Ahora se está recogiendo lo plantado durante años. Hasta que el consumo de alcohol, en plena crisis sanitaria, no ha significado un gran problema de orden público, nadie ha hecho nada», argumenta Bermúdez.