El Gobierno sigue con los preparativos de la reunión de la Comisión de seguimiento del Plan de lucha contra los delitos de odio que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó el lunes de urgencia para este viernes, a raíz de conocerse una supuesta agresión homófoba en Madrid, sobre la que el denunciante ha cambiado ahora de versión, asegurando que fue consentida.

De este modo, tras el cambio de versión del joven, Moncloa no tiene previsto desconvocar esta reunión, que presidirá el propio Sánchez, según han informado a Impacto España fuentes gubernamentales. El Ejecutivo sostiene además que el caso se sigue investigando, tal y como ha informado el Ministerio del Interior.

Precisamente, Sánchez ha manifestado este miércoles su solidaridad con todos aquellos que sufren delitos de odio, tras las últimas agresiones homófobas y ha comprometido a su Gobierno para evitar los delitos de odio. "No habrá otra vez armarios. Lo que sí que habrá y hay es un Gobierno comprometido con la diversidad y que va a poner todos los medios para evitar los delitos de odio", ha sentenciado durante su intervención en el Congreso ante la interparlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista.

El jefe del Ejecutivo avanzó además que la actualización del Plan de Acción contra los Delitos de Odio 2022-2024 tiene dos objetivos: actualizar los delitos de odio y adoptar los cambios pertinentes para que "aquellos grupos que quieren devolver el odio a las calles de España no tengan ninguna opción de conseguirlo".

Tras el cambio de versión del joven de Malasaña que denunció una agresión homófoba, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado, en una entrevista en La Sexta, recogida por Impacto España, que no hay "duda en la celebración de la comisión" porque es una "reunión extraordinaria que se había proyectado previamente de celebrarse en fechas más próximas".

El Gobierno anunció el martes que iba a convocar de manera urgente" para este viernes 10 de septiembre a la Comisión de seguimiento del Plan de lucha contra los delitos de odio.

Esta comisión está liderada por el Ministerio del Interior y en ella participan los representantes de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los responsables de las distintas administraciones implicadas y las asociaciones de colectivos, según destaca el Ejecutivo