El creciente desgaste que el imparable encarecimiento de la electricidad provoca en el Gobierno, ante el que se ha visto por completo desarmado por su falta de previsión, ha llevado al Ejecutivo a tomar medidas prácticamente sin precedente en este mercado y que, una vez más, se afanan en situar en el punto de mira a las empresas eléctricas.

Así lo demuestra el capítulo estrella del nuevo plan de choque para paliar la subida de la tarifa de la luz, anunciado tras el Consejo de Ministros de ayer. Muy por delante de las nuevas rebajas fiscales (como la reducción al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad cuyo efecto sobre la recaudación será ahora neutro), se sitúa la llamada “minoración temporal”, por decreto-ley, de los “beneficios extra” obtenidos por las eléctricas.

Ese hipotético superávit se relaciona con los máximos que ha registrado el gas en los mercados internacionales, lo que supondrá la confiscación de facto de cerca de 2.600 millones, el 90% de los supuestos sobreingresos. Lo que el Gobierno llama “beneficios extraordinarios” se deriva del hecho de que la generación eléctrica mediante fuentes libres de CO2 (especialmente la hidráulica y la nuclear) vio incrementado su precio en el mercado mayorista. Se trata de una situación inevitable desde el momento en que el gas se convirtió en la tecnología dominante en el pool y e impone su alta cotización a todas las demás.

Este fenómeno no lo crearon las eléctricas; muy al contrario se vincula al funcionamiento mismo de un mercado marginalista, como es el energético de acuerdo con la normativa establecida para toda la Unión Europea.

Es plenamente legítimo que las empresas del sector planeen ya su respuesta legal a las futuras ‘expropiaciones’
El Gobierno, sin embargo, prefiere cerrar los ojos a esa realidad y opta por lanzar otra acusación soterrada a las eléctricas señalándolas como las principales beneficiarias de los máximos de la electricidad. Esta actitud ya llevó a castigarlas en junio con el fuerte recorte, unilateral e imprevisto, de las retribuciones a las energías hidráulica, nuclear y eólica, los llamados beneficios caídos del cielo.

 El Gobierno da un paso sin precedente al permitir la confiscación de beneficios obtenidos por las eléctricas
El hipotético provecho que las eléctricas obtienen de los actuales máximos de la electricidad tiene como base una falacia. Así lo evidencian las previsiones de beneficios de estas compañías para 2021, situadas por debajo del promedio de sus comparables en la Unión Europea. Pero lo realmente alarmante radica en que el Gobierno pone en serio riesgo las reglas mismas del mercado libre al inmiscuirse en las cuentas de resultados de toda un sector, escudándose en argumentos que rayan en lo peregrino y populista como asegurar que las eléctricas “se pueden permitir” esta confiscación, tal y como el Gobierno ha llegado a afirmar.

Resulta plenamente lógico que las eléctricas preparen ya sus recursos contra una medida intervencionista que, además de injustificable, multiplica la inseguridad jurídica en un suministro básico y estratégico. Del mismo modo, es razonable su protesta ante una política energética que pretende cargar sobre ellas todos los esfuerzos a la hora de responder a la crítica situación que los máximos históricos de la electricidad plantean.

Fue la excesiva confianza del Gobierno, unida a la ausencia de previsión sobre el resurgir de los precios que ya se anunciaba a inicios del presente ejercicio, lo que ha propiciado la difícil coyuntura que ahora atraviesan las empresas y las familias. Los elevados precios constituyen una amenaza de primer orden para la recuperación, que multiplicará además el gasto público por las revalorizaciones de las pensiones y el salario de los funcionarios. Una situación ante la que las respuestas del Gobierno son cada vez más preocupantes.