El Congreso de Diputados, el pasado 21, impulsaba penas para quien acosase a mujeres que deseaban abortar. Una diputada socialista aseguraba que los grupos provida “tienen como único propósito- de estos indeseables- hacer sentir peor a las mujeres”. Mientras, desde hace años, los grupos Provida han declarado que: “En los últimos 5 años, sus muchos voluntarios han conseguido rescatar a 5.200 no nacidos en toda España”.

Distintas organizaciones Pro Vida  llevan años trabajando en las puertas de las Clínicas de Aborto  para ofrecer a mujeres  información y disuadirlas de practicar tal masacre. El Estado ha sabido sacar tajada de este espeluznante crimen a seres humanos cuando se propone añadir al Código Penal un nuevo artículo con el objetivo de poder castigar con penas de tres meses a un año de prisión al que “hostigue o coarte” la libertad de una mujer que pretenda abortar.

Así, desde ese momento,  el que pretenda dar voz a los no nacidos irá a la cárcel y sus sicarios de las leyes y clínicas afines a festejar y embalarse los bolsillos desde la desinformación y no saber lo que están haciendo ¿No merece ello una información a los cuatro vientos? Lo único que se busca es que las mujeres conozcan que hay otras opciones más saludables frente al aborto y ello conlleva hablar, reivindicar y que haya ante todo libertad de expresión. 

 VALORES, y el mundo democrático,  desea combatir cualquier forma de discriminación, y no por medio de la represión y de la cárcel. Es la única manera como una sociedad progresa hacia la tolerancia y el respeto de la dignidad de las personas. Nosotros pensamos que debe sustraerse del libre debate público,  y siempre desde la Ciencia,  cualquier materia, con la seguridad de que siempre resplandecerá mejor la verdad por convencimiento que por imposición penal.

Nos viene a la mente lo que los jóvenes rebeldes en los muros de Paris de un mayo del 68 gritaban: Prohibido prohibir. Y que nadie olvide la definición de la dictadura como un sistema en el que todo lo que no está prohibido es obligatorio. 

Valores cree que no se puede en democracia criminalizar las opiniones diversas de la sociedad, provengan de donde provengan, por muy desagradables que sean para un sector del público o hacia una ideología. 

No existe debate ilegítimo contra el que se pueda enarbolar la verdad histórica del pasado, presente y posible futuro para privarnos de nuestra libertad de pensar y expresar nuestras ideas, incluso las socialmente menos aceptables  y, por ello, más fácilmente rebatibles. Aquí está la grandeza de la libertad de expresión y prensa, no exenta a veces de miseria, sin la cual no hay libertad. 

A todo lo anterior se suma que los representantes públicos están para garantizar la vida y no la muerte. Tampoco existe una red pública para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, pero sí existen clínicas que se lucran de lo lindo a cambio de este drama, en connivencia con quienes, supuestamente abanderados de lo público, presentan iniciativas para beneficiar a sus otros colegas.